De tal magnitud ha sido el rebrote de crímenes y delitos que la ciudadanía parece resignada a aceptar la mercadeada tesis de que matando delincuentes se acaba con la delincuencia, sin tomar en cuenta que en esos “intercambios de disparos” también perece el estado de derecho.
La delincuencia crece en la misma proporción que se agrava la deficiencia de la Policía y Ministerio Público en aplicar políticas de prevención, persecución, esclarecimiento y sometimiento a la justicia contra imputados en la comisión de atracos, robos, asaltos, asesinatos, sicariato y otras infracciones.
El Orden Judicial ha mostrado también pasmosa deficiencia al momento de juzgar casos de infracciones criminales que se pierden en vericuetos procesales que favorecen a los delincuentes, que han llegado a considerar las salas de audiencias como parques de recreo.
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A eso se debe quizás que una parte cada vez mayor de la población reciba con vítores y aplausos la noticia de que la Policía mató a uno o varios delincuentes en alegados “intercambio de disparos” porque la otra vía, la de la justicia, ha quedado en desuso.
Desde cuando el director de la Policía, Eduardo Alberto Then, advirtió a los delincuentes que tiene “los juegos pesados”, la prensa ha mal contado 27 supuestos antisociales abatidos durante enfrentamientos con agentes del orden, 14 de ellos en los últimos 15 días.
Esa es la misma Policía sobre la cual el comisionado de reforma policial, José Vila del Castillo, dijo que estaba afectada de una “corrupción histórica, sistémica, llevada de un director a otro, impulsada desde la cabeza, obligando al último raso a pertenecer a ella”.
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El hecho mismo de que eran policías dos de seis supuestos antisociales que fueron abatidos en Los Alcarrizos, hace temer que en no pocos “intercambios de disparos”, delincuentes matan a delincuentes, por lo que ese método para afrontar la criminalidad no puede ser promovido como infalible.
El auge del delito y del crimen tiene múltiples causas, como también debe tener múltiples remedios, entre los cuales no debería predominar la ejecución pura y simple del presunto infractor, porque demostrado está que la delincuencia no se conjura matando delincuentes.
