A pesar del llamado operativo contra la delincuencia anunciado por el Gobierno en algunas zonas de la capital y la provincia Santo Domingo, la delincuencia continúa azotando al país día y noche.

Ya no se observa a las patrullas integradas por policías y militares que durante varios días salieron a «vigilar las calles» de algunos sectores, donde sin orden de arresto emitida por un juez, detenían a jóvenes que regresaban de sus centros de trabajo, mientras los delincuentes continuaban perpetrando sus fechorías.

El pasado fin de semana, residentes del barrio Maquiteria, del sector Villa Duarte, en Santo Domingo Este, denunciaron que no tienen paz, debido a que «pandillas que operan en el lugar se enfrentan a tiros a cualquier hora, por el control de puntos de venta de drogas.

Pero no solo Maquiteria, todos los barrios de las principales ciudades dominicanas están bajo control de vendedores de drogas que se imponen en base al terror y al apoyo estatal.

Creo que es momento de hacer menos bulto contra la delincuencia y enfrentar a quienes llevan la intranquilidad a los barrios, donde hay muchas personas de trabajo, aunque no tienen protección estatal.

Las autoridades minimizaron un informe del Gobierno de Estados Unidos, en el que se pide a ciudadanos de ese país abstenerse de viajar a República Dominicana, debido al alto índice de hechos delictivos.

Sin embargo, a pesar de que se promueve al país como un paraíso, la realidad es que a diario se reporta la ocurrencia de atracos a «mano armada» y otros tipos de delitos que debieran ser motivo de preocupación para las autoridades.

Se trata de un país que vive del turismo, por lo que las autoridades debieran tener la paz como su principal prioridad, y no dejar la seguridad en manos de vendedores de drogas que operan a nivel nacional, quienes cuentan con el apoyo de policías y militares.

La población quiere un estado que sea efectivo y rígido contra quienes se dedican a violentar la paz social, por lo que urge la aplicación de medidas serias, que no sean simplemente para publicitarse en los medios de comunicación, como siempre ocurre en nuestro país.

El Estado está obligado a garantizar la tranquilidad de la población, según establece la Constitución de la República. Es tiempo de que las autoridades actúen contra los delincuentes, sin importar su nivel social.

Juan Julio Gómez