Mediante la creación por decreto de Comisión Meta RD 2036, el presidente Luis Abinader formalizó el proyecto gubernamental de duplicar en doce años el tamaño de la economía para lo cual se requiere mover cielo y tierra en términos de reformas económicas, sociales y políticas.
Esa ambiciosa meta conllevaría elevar el Producto Interno Bruto (PIB) durante esos doce años de US$121,691.7 millones a US$243,383.4 millones, en un contexto externo difuso matizado por conflictos bélicos, disrupción del comercio mundial, incertidumbre política en Estados Unidos, Europa y Asia.
Los contenidos esenciales de otras iniciativas de largo plazo, como la Estrategia Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de Competitividad y los Objetivos del Milenio, no han sido cumplidos, ni aun en aspectos como el diseño de una nueva reforma tributaria o reducción de mortalidad infantil y materna.
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Aun así, si se toma en cuenta que el PIB real se duplicó en la década 2013-2023, se considera alcanzable el propósito señalado en 12 años, aunque esta vez, se requiere de reformas estructurales aún mayores a las aplicadas en los últimos 25 años en los ámbitos económico, fiscal, laboral, político y de desarrollo humano.
Un simple ejercicio aritmético indica que para duplicar el monto del PIB real, se requiere que el crecimiento de la economía se mantenga alrededor de su potencial (5.0%) por más de una década, lo que fue posible alcanzar en promedio en el decenio anterior.
Aunque el Poder Ejecutivo emitió el decreto que crea la Comisión Meta 2036, el Gobierno no ha presentado ningún proyecto en firme de reforma en los sectores involucrados en esa agenda, aunque el mandatario ha externado juicio de valor sobre modificación a la Constitución y a la fiscalidad.
Al fragor del contraste entre el optimismo oficial, con el proyecto de duplicar el PIB, y la incertidumbre del sector productivo y la población por las reformas fiscal y constitucional, llegará al país el 10 de julio una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para revisar la locomotora de la economía.
El FMI auscultará el endeudamiento público, déficit fiscal y del sector eléctrico, gasto público, inversión, evasión del Impuesto sobre la Renta (63 %) y del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados (Itebis), sin cuyo abordaje y solución la locomotora de la economía no llegaría al puerto en 2036.