Desarrollo fronterizo
Los sectores sociales y empresariales que se enfrentan por la Ley 28-01, de Desarrollo Fronterizo, deben arribar a un consenso que garantice los derechos adquiridos por las provincias fronterizas y los inversionistas privados, que a más de 18 años se han acogido a los preceptos de esa legislación.
Si bien es cierto que esa ley no ha llenado las expectativas para las que fue creada, tampoco es menos cierto que ha llevado los empleos que no existían en la región fronteriza, antes de su promulgación.
En este momento, se trata de que las provincias fronterizas, que han quedado casi despobladas por la falta de trabajo, podrían perder más de 20 mil fuentes de empleos generados por las empresas que luego de la promulgación de la Ley 28-01, se establecieron en la frontera.
Esta legislación ha sido usada por algunos inescrupulosos para sacar provecho, pero en sentido general las intenciones que motivaron al legislador a su fueron muy buenas, porque con ellas se perseguía evitar que la mayoría de las provincias fronterizas quedaran despobladas por la falta de empleos.
En ese sentido, se crearon las condiciones para que muchas empresas se motivaran a invertir en la frontera y crearan fuentes de trabajo que permitieran a sus pobladores ganarse el sustento.
Algunas de las empresas que se acogieron a los beneficios de la Ley 28-01, hicieron uso de los mismos pero no realizaron las inversiones a que se comprometieron, mientras que otras decidieron invertir tímidamente manteniendo sus centros de operaciones en la capital y en otras demarcaciones que en nada han ayudado al desarrollo de la frontera.
De esa manera, hemos observado que aun cuando la Ley 28-01 debió contribuir con mantener el dinamismo productivo de las provincias de la frontera, sí ha contribuido con algunas empresas para competir de manera desigual con las que no se acogieron a los beneficios de la legislación y por esa razón hay quienes se encuentran promoviendo su eliminación.
Pese a que reconocemos la realidad que mantiene enfrentados a los sectores productivos que poseen puntos de vista disidentes en torno a la Ley de Desarrollo Fronterizo, entendemos que se debe buscar un punto intermedio o reformar esa legislación de manera que se logre preservar las cosas buenas que ha proporcionado a las provincias de la frontera desde que fue promulgada en el año 2001.
Una medida salomónica seria permitir que las empresas agrupadas en la Asociación de Industrias de la República Dominicana que no tienen inversiones en la zona, lo hagan y reciban los mismos beneficios que las que actualmente disfrutan de las exenciones de la Ley 28-01, y que a todas se les exija un mínimo de cumplimiento con las responsabilidades asumidas.

