El día 3 del mes de febrero, por enésima ocasión, (han sido tantas que hasta insultan la memoria) el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Roberto Rosario, depositó el proyecto de Ley de Partidos Políticos y el de Ley Orgánica del Régimen Electoral.

Es obvio que esta vez, como tiene que ser, ha primado el derecho que le confiere a la JCE la vigente Constitución de la República en el acápite 4 del artículo 96 del capítulo IV para poder iniciar la formación de leyes en asuntos electorales.

Al respecto la Carta Magna consagra que, además de los senadores y diputados, del Presidente de la República y de la Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales, en asuntos electorales, la Junta Central Electoral, tiene derecho a iniciativa.

Pero, no obstante lo explícito del mandato, sobretodo porque implica el factor exclusividad, los partidos políticos usan a sus legisladores como a bufones profesionales para burlar la disposición.

No tengo ninguna duda de que en lo atinente a la zarandeada Ley de Partidos Políticos, será la Junta Central Electoral la que en definitiva tenga que ajustarse a la confabulación que le impongan los inescrupulosos que desde hace tiempo ya, parece que son solapados amanuenses, y no congresistas.

Si en este país se respetara la Carta Sustantiva del Estado que debíamos ser por convicción patriótica, y en consecuencia lógica se estimaran sus instituciones, pienso que no habría necesidad de tanto dispendio del erario en instancias creadas para estar al servicio del partido gobernante y de una claque parasitaria y perversa.

El conglomerado social y político que somos; es decir, la contemporaneidad relativa de las tres últimas generaciones nacionales, clama desesperada por un adecentamiento en el ejercicio de la política que de no producirse, será la anarquía la que escriba con letras indelebles lo que irremediablemente nos espera…