Misa de sanación

Si se aplica en todo su contenido, la nueva Ley 155-17 contra Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo serviría como misa de sanación para prevenir, detectar y mitigar el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas, incluidas prevaricación pública y criminalidad privada.
Esa ley obliga a todas las entidades de intermediación financiera que realicen operaciones de corretajes, títulos o valores, al Banco Central, a las cooperativas, administradoras de fondos de inversión, titularizadoras, puestos de bolsas y de emisores de ofertas públicas, a detectar o mitigar riesgo de lavado de activos.
También incluye a casinos de juego, agentes inmobiliarios, abogados, notarios, contadores, casas de empeño, vendedores de vehículos y empresas constructoras, todos los cuales tendrán que identificar muy claramente el dinero que sustentan sus operaciones.
En lo adelante, las personas físicas o jurídicas que la ley identifica como sujetos obligados financieros o de otro quehacer tendrán que realizar continua diligencia del cliente, ahorrante o depositante en sus transacciones o vínculos comerciales para garantizar que no están vinculadas al blanqueo de capitales.
Las transferencias de dinero locales e internacionales serán también severamente monitoreadas, incluidas las realizadas por personas expuestas políticamente, así como de su cónyuge, sin importar si el vínculo es matrimonial, unión libre o concubinato.
En lo adelante, las entidades de intermediación financiera u otras que figuran como sujetos obligados, deberán registrar y reportar al ente regulador toda transacción que supere el monto de 15 mil dólares, y en el caso de los casinos, US$3,000, además de registrar todas las transacciones sospechosas, insólitas, significativas o no habituales.
Quienes incurran en prevaricación, evasión o elusión fiscal, narcotráfico o cualquier otro crimen de corrupción confrontarán serias dificultades para depositar o transferir sus activos ilícitos y tampoco podrían pagar en efectivo para adquirir residencias, carros lujosos o cualquier otro bien.
La nueva ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo establece penas de tres a 40 años de cárcel y confiscación de capitales blanqueados y bienes adquiridos. Este estatuto constituye la mejor manera de combatir la corrupción pública y privada porque golpea a los corruptos por donde más debe dolerles.