La Constitución dominicana prohíbe expresamente toda forma de monopolio en provecho de particulares y, en cambio, favorece la libre competencia empresarial por lo que la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) no puede arrogarse derecho de controlar todas las actividades de carga o acarreo de mercancía.

El Tribunal Constitucional ha dado aquiescencia a una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que declaró “la existencia de monopolio en el transporte de carga”, en violación al derecho a la libre empresa, libertad de tránsito y de trabajo.

Es por eso que se interpreta como una clara intención de desacato a esa sentencia la advertencia del presidente del gremio de los camioneros, Ricardo de los Santos, de que defenderán sus intereses en el terreno que sea necesario y sin importar las consecuencias.

De los Santos niega que Fenatrado ejerza algún tipo de monopolio en el transporte de carga, al alegar que cuenta con 90 mil afiliados, pero resulta que la acción monopólica la impone el gremio al no permitir competencia de personas físicas o jurídicas.

Los derechos de los camioneros pueden y deben ser garantizados al amparo de los preceptos constitucionales que se refieren a la libre asociación, derecho al trabajo y libertad sindical, pero nunca sostenido en el criterio de que puede controlar de manera absoluta el sistema de carga y transporte de mercancías.

La dirección de Fenatrado carece de autoridad o calidad para impedir el ingreso o salida de los muelles de camiones que no están afiliados a ese gremio porque la Constitución protege el derecho a la libre competencia en el transporte de carga y en cualquier otra actividad empresarial o de lícito comercio.

El Texto Sustantivo protege los derechos de los 90 mil afiliados de Fenatrado a participar libremente en un mercado competitivo, con similares derechos que reivindican otros gremios y particulares, sin necesidad de proferir amenaza o de incurrir en vías de hecho.

Las autoridades están en obligación de hacer cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que ratifica la prohibición de todo tipo de monopolio en beneficio de particulares, como también el derecho a la libre sindicalización y el libre acceso de todos los camioneros a los muelles y otros lugares de carga y descarga.