Finalmente Haití ha ingresado al Acuerdo de Asociación Económica con Europa (EPA), al que se había resistido a pesar de que República Dominicana había ingresado a ese esquema de comercio y cooperación hace más de un año.

Mucho se ha especulado sobre las causas del retardo de Puerto Príncipe en afiliarse al EPA, acuerdo recíproco entre Europa y sus antiguas colonias en Africa, Pacífico y el Caribe (ACP), pero la versión más socorrida es que el Gobierno haitiano se resiste a reducir aranceles a las importaciones dominicanas.

Es poco lo que aún se sabe respecto al alcance de ese convenio que tendría duración de diez años, pero se adelanta que el mercado de exportaciones nacionales, entre los que figura el azúcar, ingresará libre de aranceles o con impuestos reducidos.

Ese esquema surte efecto en materia de libre comercio entre las naciones del Caribe, incluidos Haití y República Dominicana, por lo que se supone que el comercio entre ambos países tendría condición de preferente o de nación más favorecida.

Es por eso que llama la atención que al conocerse el ingreso de Haití al EPA se difunde la noticia de que el Gobierno haitiano ha dispuesto incrementos en los aranceles a las importaciones dominicanas.

Sorprende también la versión de que esos aumentos fueron exigidos por Haití como condición para afiliarse al EPA, lo que entrañaría un perjuicio colateral a los intereses dominicanos.

Se señala que aun con los incrementos arancelarios exigidos por Puerto Príncipe, los productos dominicanos ingresarían al territorio haitiano en condiciones ventajosas, pero lo que debería aclararse es si en vez de nación más favorecida, República Dominicana ostentaría el papel de socio más perjudicado en el nuevo estatuto de asociación económica.

Se pone de ejemplo que a las exportaciones al lado Oeste de pollo, huevo y carne se le impondría un arancel de un ocho por ciento; a las grasas comestibles, un 16%, y a la harina y sus derivados un 40 por ciento.

Es menester aclarar este asunto.