Con lo tanto que se ha hablado, deja mucho que desear que un juez tenga que emplazar al Ministerio Público para que en un plazo de 15 días presente acusación contra el general Adán Cáceres y los demás implicados en la denominada Operación Coral.
Tras vencer una primera prórroga de dos meses, la segunda decisión del juez Raymundo Arias sugiere que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no ha atado todos los cabos de la investigación contra los imputados o que ha querido, con la demora, desesperarlos.
La Pepca, sin importar que su acción se enmarque en la ley, ha debido presentar el expediente, preparado de un todo, en el plazo establecido, para no dar lugar a especulaciones. Con su actitud deja la impresión de que inició la investigación a fondo después de la detención de Cáceres y los otros acusados en el caso Coral.
Si no es así ¿cuál ha sido entonces la razón de una demora tan suspicaz? Con los escandalosos cargos de corrupción que la Pepca ha atribuido al exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y demás acusados la demora parece una muestra de inconsistencia.
