Sigue creciendo el número de homicidios que generan los asaltos y atracos, y sus autores están protegidos por una impunidad que coloca en posición de inseguridad a los dominicanos y a quienes nos visitan en calidad de turistas. La situación amerita respuestas rápidas.

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, declaró que el 60% de los homicidios que se registran en el país no reciben el castigo correspondiente.

La República Dominicana supera en homicidios a países con mayor población que la nuestra, entre los que podemos citar a Brasil, Venezuela, y Colombia. Solamente en las últimas dos semanas, en varios hechos de sangre perecieron veinte personas.

Entiendo que la libertad bajo fianza debe ser concedida por las cortes de apelación, de manera discrecional. Los tribunales de alzada son colegiados, y los jueces pueden ponderar detenidamente la gravedad de una infracción para decidir sobre la concesión de garantía económica.

Seguimos insistiendo en que la prisión preventiva debe ser imperativa en materia criminal, y obligatoria cuando se trate de delitos, conforme a la antigua legislación. De ser así, se puede sacar de circulación a victimarios proclives a reincidir.

En las modificaciones en curso al Código Procesal Penal, debería ampliarse el apoderamiento directo a los jueces de las infracciones calificadas de delitos para vencer la inercia de los fiscales. En la antigua legislación procesal, las transgresiones que aparejaban prisión correccional podían ser conocidas en forma directa por los tribunales.

Sobre las estadísticas sobre homicidios, el presidente Danilo Medina, describe el siguiente cuadro: Hoy, de cero a cinco homicidios por cada cien mil habitantes, se considera que una sociedad está normal; cuando tiene de cinco a ocho está en crisis, pero cuando son más de ocho está en epidemia.