Se define como muy grave la denuncia del jurista Vinicio Castillo Semán, de que desde el Gobierno se procura reclutar jueces que quedarían cesantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para ser transferidos al Tribunal Constitucional con el compromiso de que legalicen una posible repostulación del presidente Leonel Fernández.

Castillo Semán ha dicho que funcionarios oficiales constatan a magistrados de la Suprema para tales fines y que se ha adelantado la redacción de una sentencia a la que esos jueces darían aquiescencia.

Aunque el denunciante ha señalado que tiene informaciones de que ese plan estaría encaminado, se requiere que aporte mayores evidencias, en razón de la gravedad de lo expuesto.

Cuesta creer que el presidente Leonel Fernández acepte embarcarse en un tipo de chapucería jurídica como la que se denuncia, que sin dudas embadurnaría del más abyecto descrédito su figura política y pondría en riesgo la gobernanza, aún precaria.

Sin pretender asignar más credibilidad de la debida a esa denuncia, debería causar preocupación lo revelado por el licenciado Castillo Semán, de que el Senado obvió el requisito de que la edad de los jueces del Tribunal Constitucional no debe exceder de los 75 años, con lo cual se abrirían compuertas para que magistrados jubilados de la Suprema Corte sean nombrados en esa instancia, en violación a la Carta Magna.

Hasta prueba en contrario, la planilla de la Suprema Corte está integrada por jueces probos y honestos, virtudes personales y profesionales que llevarían consigo en lo que debe ser un retiro digno.

El presidente Fernández, quien ha prometido no intentar reformar la Constitución para provecho propio, está compelido a desalentar cualquier iniciativa política o jurídica de sus seguidores que ponga en riesgo el orden institucional.

En la selección de los jueces del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte, el Consejo Nacional de la Magistratura tendrá que agenciarse la linterna de Diógenes para evitar que el Poder Judicial sea despedazado por irracionales y fieros intereses políticos y corporativos.