En su informe sobre Derechos Humanos correspondiente a 2008, Amnistía Internacional (AI) ha mostrado preocupación por el incremento en República Dominicana de homicidios ilegítimos, que atribuye a fuerzas de seguridad, en el marco del auge de la violencia delincuencial que, afirma, el Gobierno no ha podido controlar.

Basa su reporte en la cifra de 298 personas, que según la Procuraduría General de la República murieron el año pasado a manos de la Policía, lo que representaría aumento de un 72 por ciento con respecto al 2007.

El término de homicidios ilegítimos, usado por Amnistía en su informe referido a República Dominicana, se asemeja mucho al de crímenes extrajudiciales, acuñado por Estados Unidos en reportes unilaterales sobre otras naciones.

Puede decirse que la preocupación sobre el auge de la criminalidad y de homicidios ilégitimos, tiene mucho de verdad y sinceridad, pero es prudente advertir que el parecido del informe, en cuanto a forma y fondo, con los que elabora el Departamento de Estado en su cuestionable rol imperial, es casi sospechoso.

Amnistía guarda mejor las apariencias que Washington al señalar que de los 298 casos de homicidios en los que estuvieron envueltos agentes policiales, algunos pudieran ser ilegítimos, lo que contrasta con la reiterada aseveración en informes de la Cancillería estadounidense que refiere todos los casos de ese tipo como crímenes extrajudiciales.

La verdad es que las muertes de civiles a manos de agentes policiales no deberían definirse como homicidios ilegítimos o crímenes extrajudiciales, en razón de que la legislación penal nacional no instituye el crimen legítimo ni el homicidio judicial.

Amnistía puede y debe levantar un estudio de mayor profundidad y alcance sobre la delincuencia en América Latina y las reales posibilidades de los gobiernos locales de poder controlarla.

La afirmación contenida en ese informe, de que la impunidad es regla general en el ambiente judicial dominicano, resulta una injusticia mayor, pues la mayoría de oficiales, clases y alistados que han incurrido en crímenes o excesos han sido sometidos a los tribunales ordinarios. Sin excepciones.

No hay que negar denuncias sobre violaciones a derechos humanos señaladas en el informe de Amnistía, pero es menester llamar la atención sobre el parecido de esos escritos con los elaborados por el Departamento de Estado, en lo que a superficialidad, exageración e inexactitudes se refiere.