Lo que se ha denunciado sobre la masiva falsificación y comercialización de medicamentos debería poner los pelos de punta al más insensible de los mortales, pues se trata de un negocio criminal que moviliza cerca de mil millones de pesos al año, al que las autoridades parecen no poder o no querer enfrentar.

Toda clase de medicina forma parte del catálogo de adulteración, que incluye reetiquetado de productos con fechas de vencimiento ya expirado, que se despachan desde laboratorios con domicilios conocidos y a través de redes que cubren todo el territorio nacional.

Más grave aún es la denuncia de que redes hospitalarias se abastecen de medicamentos falsificados, incluídas vacunas contra males letales como el tétanos, que al aplicarse no se obtiene ningún otro resultado que no sea la muerte del paciente.

La Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (Arapf) ha dicho que en los municipios de Moca, Licey al Medio y Salcedo operan parques de fábricas y laboratorios dedicados a la falsificación de todo tipo de medicamentos, mientras en un populoso sector capitalino opera la red de mercadeo.

Es difícil entender que ante propias narices de autoridades de Salud Pública opere un negocio hiper millonario tan nocivo, pues de lo que se trata es de vender medicina falsificada o vencida que agrava enfermedades o causa la muerte.

La Dirección de Drogas y Farmacias de Salud Pública al parecer no ejerce ningún tipo de control sobre laboratorios y centros de expendio de medicamentos, a juzgar por la enorme cantidad de patentizados falsificados o ingresados de contrabando que se expenden como pan caliente.

La muerte de al menos dos personas por el suministro del fármaco falsificado Gamma Globulina Humana es apenas un dramático ejemplo de lo que sucede y puede suceder a causa del auge de esa industria criminal que se afirma tiene entre sus clientes al propio sistema hospitalario público.

Se reclama a todo pulmón que la Secretaría de Salud Pública asuma la responsabilidad de frenar esa ignominia que, por su enorme poder y capacidad de expansión parece contar con el padrinazgo de algún piso alto del Gobierno.