Ni pensarlo

Sería una gran tragedia que  por causa de un conflicto salarial se pierda el primer año escolar que se  lleva a cabo  con el cumplimiento  de la ley del 4%  para para la educación,  en cuyo caso los 45 mil  millones  adicionales para el sector educativo se convertirían en piñata de excesivas ambiciones o  botín de filibusteros.

Sin menoscabo  al  legítimo derecho de la Asociación de Profesores (ADP), de  reclamar incremento de  sueldo para los docentes de las escuelas públicas, lo prudente hubiese sido que  ese pedido  fuera acompañado de algún programa referido a mejorar la calidad del maestro o a garantizar el cumplimiento  absoluto  del calendario de  docencia.

Al Ministerio de Educación le corresponde propiciar diálogo fluido con ese gremio a los fines de impulsar algún tipo de  acuerdo que  refleje equidistancia entre lo ideal y lo posible, además del compromiso del magisterio de cambiar radicalmente arcaicos conceptos laborales y docentes que impiden  que la escuela dominicana pueda  dar el gran salto hacia la calidad.

Penosamente de lo que se habla  ahora es  del  peligro que  sucumba el año lectivo, lo que  virtualmente  constituiría una especie de traspié en los esfuerzos que deberían realizarse para  que la educación básica  supere su estadio de atraso y mediocridad.

¿Cómo exigir  cien por ciento de aumento salarial, equivalente a 12 mil millones de pesos adicionales, sin antes referir la tragedia que significa que el 98 por ciento de los alumnos que participaron en las Pruebas Nacionales reprobó los exámenes?

Las  autoridades educativas  son corresponsables por tan deprimente cuadro, lo que obliga a  apurar pasos  para mejorar las condiciones laborales del maestro, y promover un tipo de comunidad educativa asociada a la calidad y fiscalización constante de los programas educativos  y planificación curricular.

A causa de un irracional e inexplicable conflicto entre ADP y Educación,  miles de estudiantes, la mayoría  pertenecientes a escuelas  rurales, no reciben docencia regular desde hace más de tres semanas, lo que constituye un crimen cívico y un penoso déficit de responsabilidad por parte de profesores y autoridades.

Se reclama con todo vigor una  inmediata resolución a tan penoso, irracional e indignante conflicto y se advierte al Gobierno que el resonante triunfo  que ha significado el cumplimiento del 4% a la educación, se convertiría en una  vergonzosa y miserable derrota política si por razones de  incapacidad o excesivas ambiciones se llega a malograr el año escolar.  Mejor ni pensarlo.