El Gobierno ha iniciado otra gran confrontación en su difícil determinación de concluir con la construcción de las plantas Punta Catalina, esta vez por la exigencia de Odebrecht para que se emita en su favor un pago adicional de 708 millones de dólares.

Un primer encuentro entre representantes de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE con ejecutivos del consorcio Odebrecht-Estrella-Tecnimont no arribó a ningún tipo de acuerdo, por lo que se prevé que la negociación sería mucho más que tortuosa.

El Gobierno contrató la construcción de esas plantas generadoras por un valor absoluto de US$1,945 millones, incluido el puerto carbonero y las obras de ingeniería, por lo que no se entienden las razones por las cuales se pretende encarecer el proyecto en más de un 40%.

Alivia saber que autoridades y contratistas reiteraron el compromiso de concluir Punta Catalina a finales de 2018, como estaba previsto, aunque se adelanta que el Gobierno no tendría forma de suplir US$708 millones adicionales, no sin inferir severo daño a la estabilidad financiera y monetaria.

No se niega que esas plantas, que generarían 758 megavatios, aliviarían enormemente el pronunciado déficit y encarecimiento de la producción de energía eléctrica, pero el cúmulo de problemas jurídicos y financieros acrecienta el temor de que no estaría en operación durante la fecha prevista.

Por su admitida felonía de mercadear sobornos para obtener privilegios en licitación y adjudicación de obras públicas, Odebrecht se comprometió a pagar una indemnización al Estado por 184 millones de dólares, en un plazo de ocho años, pero ahora esa empresa y sus socios pretenden que el Gobierno les pague “de un cantazo” US$708 millones, como si aquí el dinero circulara a borbotones.

Falta saber si la CDEEE incurrió en imprevisión técnica o financiera, o si por alguna razón valedera aumentó en forma desproporcionada el valor inicial de la obra, por lo que no se descarta que en términos literales la ciudadanía exija que rueden cabezas.

Lo primero que debería establecerse con claridad meridiana es que no hay forma posible de que Punta Catalina se encarezca en la proporción que exige Odebrecht, pero también que el Gobierno no dispone ni puede disponer de un centavo más.