El bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) negó hoy que fuera invitado a participar en el diálogo sobre el Tribunal Constitucional que realizará la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglobe) este jueves y que será encabezado por el presidente Leonel Fernández.

El vocero de la bancada perredeísta, doctor Nelson Arroyo, dijo que no se ha recibido esa invitación que reportan los medios de comunicación y que tampoco asistiría si es convocado porque la Funglobe no es la organización más indicada para dirimir conflictos entre poderes del Estado.

Creo que se trata más bien de un conversatorio entre dirigentes y simpatizantes del PLD para ponerse de acuerdo sobre el Tribunal Constitucional, porque ya nosotros hemos fijado la nuestra, puntualizó.

Aclaró que el PRD está abierto al diálogo con instituciones oficiales y sectores privados para dirimir el conflicto con el TC.

En la reunión de Funglobe de este jueves, además de Fernández, participará el vicepresidente , Rafael Alburquerque, así como los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Reinaldo Pared Pérez y Abel Martínez Durán, ente otros.

El precandidato presidencial del PLD, licenciado José Tomás Pérez, favorece que el TC sea debatido ampliamente como propuso el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez.

Además, que la Cámara de Diputados se asesore de expertos constitucionalistas, previo al conocimiento del TC.

Resaltó la importancia que para la vida institucional y el fortalecimiento de la democracia, representa el nuevo organismo creado por la Constitución proclamada el 26 de enero del 2010.

La segunda legislatura ordinaria del Congreso Nacional que se inició el 16 de agosto, concluyó sin que el TC fuera conocido debido a las posiciones divergentes.

El PRD plantea que las decisiones de la Suprema Corte sean revisadas por el TC, mientras que los peledeístas están divididos en torno al tema.

El diputado del PRSC, licenciado Víctor Bisonó Haza (Ito), reiteró esta mañana la posición de que la revisión de las sentencias de la SCJ podría crear un clima de inseguridad jurídica y provocar enfrentamientos entre dos organismos del Estado.