A 7 meses del feminicidio por estrangulamiento de la joven Paula Santana, antecedido de violación sexual, actos de tortura y barbarie, y cuyos restos fueron desechados en una alcantarilla de la empresa de zona franca Oscor Caribe, LLC (Interger Holding), donde trabajaba, una vez más nos sorprende la aplicación de la justicia a los casos de Violencia Contra las Mujeres.

Joaquín Alexander Hidalgo Marte (Alex), y Alex Elvin Cruz Díaz (Chuki), los dos imputados que permanecían en prisión preventiva como perpetradores del hecho acaban de ser puestos en libertad y el caso archivado provisionalmente por no tener pruebas suficientes contra ellos, a solicitud del Ministerio Público actuante aclarando que la «investigación sigue abierta».

El Tercer Juzgado de Instrucción de Santo Domingo Este acogió la petición basada en el artículo 281, del Código Procesal Penal, que reconoce que el Ministerio Público puede disponer el archivo del caso mediante dictamen motivado cuando «los elementos de pruebas resulten insuficientes para fundamentar la acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos».

¿Y cómo es posible que, en siete meses el Ministerio Público y la Policía Nacional no hayan podido descifrar un tan burdo crimen? ¿Qué recursos de investigación tenemos en nuestro país? ¿Si no se ha podido demostrar que esos dos acusados en el momento no están implicados, como quedan ellos? ¿Y la persona o personas que cometieron el brutal feminicidio y violación sexual, han tenido tiempo de escapar a la justicia en este tiempo? ¿Cuánto se investigó sobre las declaraciones del padre de Paula acerca de un “jefe acosador” y una “jefa inmediata”?

Una situación grave que revive la desconfianza en el trabajo de agentes de la justicia investigativa penal debería retomar inmediatamente su trabajo. Empezando por la empresa sancionada en el momento por faltas muy graves en seguridad y salud en el trabajo.

En nuestro país, existen serias dificultades en la investigación de los crímenes de Violencia de Género contra mujeres y niñas que van desde el propio reconocimiento de estos, hasta la falta de presupuestos para preparar al personal y para la ejecución de las acciones necesarias, lo que es muy preocupante.

Hay una impunidad sistemática en esta materia penal que refiere constantemente la ausencia de acciones desde los programas establecidos y nos estamos acostumbrando a la respuesta de que “se hace lo que se puede”, cuando respuesta tal, es absolutamente inmoral.

¿Cómo se atreven en siete meses a decir que no pudieron? ¡Ningún cierre para el caso de Paula!