El ministro de Economía, Temístocles Montás, ha revelado que el Fondo Monetario Internacional exige como condición para continuar con el Acuerdo Stand by con República Dominicana que el Gobierno disponga un aumento de un 18 por ciento en la tarifa eléctrica, lo que significaría apretar el detonador a una bomba social. Esa inaceptable exigencia ha sido el motivo del retraso en el conocimiento de la séptima revisión del fatídico convenio con el FMI suscrito en noviembre de 2009 con una duración de 28 meses, porque el gendarme internacional insiste en obligar al Gobierno a masacrar a la población y al sector productivo con la imposición de un incremento de esa magnitud en la factura eléctrica.

Con toda felonía la misión del Fondo Monetario impuso el criterio de sólo aprovisionar 300 millones de dólares en el Presupuesto de 2012 para suplir déficits de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, en conocimiento de que ese monto no cubriría el faltante, que en el menor de los casos se estima en US$750 millones, cifra menor a la transferida este año a la CDEEE, de unos 900 millones de dólares. Se pretende ahora que el Gobierno incurra en el infernal error de aumentar en un 18 por ciento una inflada tarifa, ya incrementada en un 20 por ciento, sin procurar otras alternativas de ahorro o equilibrio financiero por vía de revisión de contratos viles o leoninos vigentes con empresas generadoras de electricidad.

La compra y venta de energía eléctrica en República Dominicana es el único negocio en el mundo donde un interviniente (generador) obtiene gran rentabilidad y otro (distribuidor) carga con cuantiosas pérdidas, como lo demuestra el hecho de que una de aquellas empresas, con poco más de un centenar de empleados obtuvo mayor rentabilidad en 2010 que industrias y corporaciones de servicios con nóminas superior a los cinco mil trabajadores.

Un incremento en la tarifa eléctrica como lo exige el FMI se convertiría en detonante de la inflación y conduciría a la quiebra o estancamiento a centenares de empresas grandes y pequeñas, lo que incrementaría el ya galopante desempleo y pondría en serio peligro la estabilidad macroeconómica, además de anular las expectativas de moderado crecimiento económico.

La receta del Fondo Monetario es veneno puro y sólo procura defender y garantizar intereses de intervinientes foráneos en la industria eléctrica que usufructúan contratos onerosos que les permiten aplicar cálculos de precios que duplican los vigentes en Puerto Rico, donde la generación de energía opera con mayores costos que la local, al no disponer de electricidad producida por la caída de agua ni plantas que operan con gas natural. El Gobierno está compelido a cerrarse a banda en el firme rechazo al despropósito de la misión del FMI, sin importar las consecuencias que implique una ruptura o término del acuerdo vigente, que concluye en febrero de 2012. Una nación no puede ser obligada a lo imposible, ni sus autoridades tienen derecho ni autoridad para incurrir en tal sumisión que implica detonar una bomba social.