Lo que se ha dicho sin ser desmentido es que el liderazgo político tuvo conocimiento previo de los problemas que surgieron el sábado en la noche con el sistema del voto automatizado y que fue partícipe de la decisión de interrumpir el domingo el proceso de votación de las elecciones municipales.

La dirigencia partidaria no debería fruncir el ceño ni aparentar sorpresa por lo ocurrido, aunque sí indignación por tan fatídico suceso que colma también de vergüenza a la colectividad nacional.

Esa desgracia no debería ser convertida en fuente para extraer ventajas electorales, ni para jugar a la ruleta rusa con la gobernabilidad o la estabilidad económica, sin dejar de admitir que el reclamo unánime de la población apunta a que se esclarezcan las causas y se identifiquen a los responsables de ese desastre.

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Julio César Castaños Guzmán, ha señalado que la suspensión de las elecciones evitó una tragedia nacional, lo que seguramente fue compartido por la dirigencia partidaria que tenía conocimiento desde el sábado de esa crónica anunciada.

Además de causar sorpresa e indignación en la ciudadanía, la abrupta interrupción de las votaciones ha tenido un efecto jurídico cuyo abordaje está previsto en la ley que dispone convocar nuevas elecciones en un plazo no mayor de 30 días, lo que ha cumplido la JCE al fijarlas para el 15 de marzo.

Corresponde a los partidos políticos reanudar la campaña proselitista con el propósito de ganar esos comicios, cuya garantía de transparencia e idoneidad es compromiso y obligación de la JCE, en tanto que a la población y al propio litoral partidario les asiste derecho a intensificar el reclamo de saber a ciencia cierta lo que pasó.

Gobierno y oposición se acusan mutuamente de haber propiciado la suspensión de las elecciones, por lo que lo aconsejable sería que ambos revaliden competencias en las elecciones del 15 de marzo, en la seguridad que tienen unos y otros de que saldrán triunfantes. El momento no es para jugar con candela.