No creo en la justicia dominicana. No tengo motivos. La justicia que tenemos no es propia de un país democrático donde prima un Estado de derechos; al contrario, el sistema judicial hace tiempo que colapsó.

Jueces en su mayoría temerosos, adocenados, maleados, envilecidos y con la corrupción y la impunidad, desde un juzgado de paz hasta las llamadas “altas cortes” que están integradas por militantes, simpatizantes, socios y amigos del PLD.
Un Ministerio Público dependiente, parcial, político, partidario, subordinado a las decisiones del Presidente de la República y sus lacayos.

Una policía corrompida y en parte integrada por bandas de sicarios, comprometidas con el crimen y el delito, imponiendo la pena de muerte matando jóvenes a mansalva, ejecutándolos, fusilándolos en plena vía pública, a la luz del día o de la noche. (Muertes extrajudiciales).

Una “justicia” para justificar, proteger y garantizar la impunidad de los de arriba mientras castiga con penas cada vez más severas a los de abajo, a los marginados y desechados; “los nadies”, como les llamó Eduardo Galeano, que “valen menos que la bala que los mata”.

Esa “justicia” no hará justicia en el caso del escándalo de los aviones Súper Tucano por el poder político y económico que tienen los verdaderos responsables, los de las cúpulas de los órganos oficiales que deben ser investigados y sancionados.

Esa “justicia” condenará, en todo caso, a los pequeños, a los “menos culpables de los culpables” como ha sucedido en muchos otros casos de corrupción. Todos saben, sobre todo los periodistas, quienes tomaron el soborno de más de 160 millones de pesos para agilizar y aprobar los aviones, y entre quienes se los distribuyeron. Pero nadie lo dirá.

Esa “Justicia” no hizo justicia en el caso de la Sun Land que involucró 130 millones de dólares y que el antiguo presidente de la Suprema Corte de Justicia admitió que se violó la Constitución y recibió presiones políticas para que no se actuara acorde con la ley.
Esa “Justicia” no hará justicia en el caso de los Tucano cono no lo hizo en la Oficina Supervisora de Obras del Estado, donde se comprobó la existencia de una mafia que extorsionaba a los contratistas de obras del Estado llevándolos a la quiebra, provocando el suicidio de un arquitecto en la propia oficina de la entidad estatal.

Esa “Justicia” no hará justicia con la extorsión de funcionarios militares y civiles por más de 160 millones de pesos (3.5 millones de dólares) para aprobar la compra de los aviones citados, como no lo ha hecho en otros 250 casos denunciados incluyendo la que involucran a la constructora brasileña Odebrecht, cuyos principales ejecutivos están presos después de ser condenados por la justicia de ese país, que sí hace justicia, que sí es independiente.