Las estadísticas sobre los servicios que según el superintendente de Salud y Riesgos Laborales recibieron los afiliados al régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud son impresionantes. De acuerdo con el licenciado Fernando Caamaño sólo del 1 de septiembre de 2007 a diciembre de 2008 se autorizaron 18,992, 877 atenciones a los usuarios.

Por la cuantificación y desglose de los servicios no cabe la menor duda de que las estadísticas andan bien. Lo desalentador es que las cifras contrastan con las permanentes quejas de los usuarios y la percepción de diferentes sectores sobre la calidad y el alcance del régimen social.

El Senado, que no se ha caracterizado por investigar escándalos y denuncias de violaciones en el sector público, hace unos días que creó una comisión especial para averiguar los inconvenientes que afrontan los asegurados, así como supuestos roces con las normas y reglamentos de la ley de Seguridad Social.

Un considerando de la resolución al respecto dice que los afiliados al Seguro Familiar de Salud no reciben el servicio por el que pagan en forma anticipada, lo que ha contribuido a incrementar las ganancias de las ARS (Administradoras de Riegos de Salud) de manera fraudulenta.

Pero antes de la intervención del Senado se había denunciado que la inequidad, negación de servicios y muchos otros obstáculos tenían atascados un régimen que surgió como una suerte de panacea para el drama que ha caracterizado el sistema de salud.

Las estadísticas oficiales parecen primores. El problema está en las quejas de los usuarios sobre un servicio que pagan y no reciben. Y para colmo son muchos, pero muchos, los asegurados que se costean las atenciones médicas porque todavía no saben cómo es que opera el Seguro Familiar de Salud.

Burócratas y sindicalistas están, claro está, de risitas con un régimen que les garantiza buenos ingresos.

Las estadísticas sobre la cantidad y renglones de los servicios son, sin dudas, muy importantes para evaluar la dinámica del sistema. A tono con las estadísticas quizás sea más importante que la Superintendencia se ocupe de despejar los obstáculos para que el modelo funcione a cabalidad. De esa forma no habrá necesidad ni siquiera de propaganda.

Tal vez no haga falta pero vale recordar que la seguridad social no es un servicio que ofrece el Gobierno, sino un régimen que es pagado por los trabajadores. Así es la cosa.