En la última semana uno de los temas de discusión en los medios de comunicación fue la cifra de muertos en manos de agentes policiales, apadrinados por el eufemismo pasado de moda de los intercambios de disparos.

El jefe de la Policía salió a defender con gallardía la acción de sus subalternos, asegurando que la cifra de 420 muertos en intercambios de disparos era una exageración de las entidades de derechos humanos que filtraron la información a los medios de comunicación.

Con la rectificación de la cifra, se daba a entender que el problema fundamental es la cantidad de víctimas y no los métodos empleados por la Policía para hacer justicia con sus propias manos.

La cuestión no es cuánto mata la Policía cada año, sino en las circunstancias en que lo hace y ante la mirada indiferente de una sociedad hastiada de una delincuencia que la mayoría de las veces viene apañada por militares, políticos y policías.

Matar un ser humano, después de apresado o desarmado es una acción similar a la que hacen los asaltantes que disparan a personas indefensas para robar cualquier objeto de valor.

El ridículo papel de un jefe policial sentenciando a muerte a un supuesto delincuente no debe repetirse jamás en un sociedad donde se respeten los derechos de los ciudadanos.

Las sentencias corresponden a los tribunales, para eso están los jueces, y si la Policía no tiene confianza en el sistema judicial, entonces el país amerita una revisión urgente de ese poder del Estado.

Ahora, la gente tiene derecho a pensar, por qué la prisa de la Policía en matar a alguien, cuando cualquier Policía moderna lo que procura es detenerla e interrogarla, a fin de obtener información valiosa para medidas preventivas o para llegar a otros responsables.

En ocasiones también se mata con prisa para proteger a otros, que están en niveles más alto. Me resisto a creer eso y me quedo con la opinión de que se trató de una torpeza más del jefe policial.