Los jueces de la Cámara de Cuentas decidieron revocar, en lo que definen como una demostración de humildad y un aporte a la tranquilidad, los escandalosos incentivos económicos que alborotaron a la opinión pública y que habían justificado bajo argumentos tan baladíes como la autonomía administrativa por la que se rige el organismo.

Si desde el punto visto legal la regalía pascual y el bono navideño eran cuestionables, porque entrañaban privilegios irritantes, en cuanto al aspecto moral no cabe la menor duda de que los beneficios eran una ofensa, que por demás echaba por tierra la misión de los magistrados de transparentar y eficientizar la función pública.

Al tratar de justificarlos bajo el alegato de que no están sujetos a plazos legales y tiempos mínimos requeridos a los servidores y funcionarios públicos, los magistrados dejaron la impresión, tal vez sin proponérselo, de que el interés personal estaba por encima de la vocación y el servicio a la nación.

La devolución de los recursos puede parecer una decisión sensata, pero el escándalo ha incrementado la frustración colectiva con la función pública y dejado muy maltrecha la imagen de los jueces, sobre todo después que los anteriores ocupantes fueron destituidos en medio de agitadas denuncias de privilegios de todos los calibres.

Es cuestionable que no mostraran arrepentimiento por incentivos que por delicadeza no procedían, sino que optaran por la restitución de los recursos para aplacar la indignación y el malestar que provocaron al servirse, como define el pueblo esos privilegios, con la cuchara grande.

Los incentivos pusieron de manifiesto las incongruencias de las leyes que rigen la función pública. Los jueces de la Cámara de Cuentas se conformaron con dar la interpretación que más convenía a sus intereses particulares al agregar que los privilegios están en consonancia con los esfuerzos que realizan en aras de sanear el organismo.

Insistir con tales argumentos en los incentivos era tratar de justificar lo injustificable. Y si bien es cierto que muchos se conformaban con la devolución de los recursos, como acaban de hacer los magistrados, otros entienden que la salida ejemplar es la renuncia colectiva de los magistrados.

Pero al decidir permanecer en los puestos tendrán los magistrados que exhibir demostraciones concretas y creíbles en la fiscalización y supervisión de los recursos públicos. Un dilema nada simple para funcionarios que no fueron seleccionados por méritos profesionales, sino por intereses políticos.