No tengo duda del robo descarado y burdo de las elecciones, ante los ojos de todos, incluso de los observadores, que nadie sabe qué es lo que observan, utilizando miles de millones de pesos del presupuesto nacional, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas Y la Policía que sirvieron de escolta para proteger a los compradores de cedulas en todo el país, principalmente en los centros urbanos de mayor concentración popular.

La desigualdad y falta de equidad matizaron el largo proceso electoral. Desde un principio el presidente de la República, sin sonrojarse, con una sonrisa de oreja a oreja, dijo tener 40 mil millones de pesos para comprar la voluntad popular, la ayuda de Venezuela para asfaltar las calles y 90 millones de raciones de alimentos.

El presidente Fernández no solo lo dijo, sino que lo hizo. Todos los que tuvieron ojos para ver vieron al mandatario distribuyendo dádivas a lo largo y ancho del país. Todos lo vimos todo, pero nadie hizo nada. Ni siquiera los perjudicados.

Aprovechando el control del Congreso, Leonel, Danilo y Reinaldo Pared Pérez ordenaron a sus legisladores no aprobar una ley de partidos, ni una nueva ley electoral.

La campaña sucia en contra de Hipólito, patrocinada por Danilo Medina y Leonel Fernández, no pudo ser más asquerosa y ruin. La JCE no la detuvo.

Crear una percepción de victoria con encuestas falsas le costó al Estado una fortuna. La JCE no le puso límites, alegando que la ley no lo prohíbe.

Del mismo modo que no tengo dudas del robo de las elecciones, no las tengo del fraude electoral. Ninguna encuesta, ni las pagadas por el gobierno, les dio 14 puntos a los aliados del partido de gobierno, que apenas obtuvo un 37%. Es inexplicable que el Partido Reformista, con sus figuras emblemáticas apoyando a Hipólito, alcanzara un 7%. Reto a cualquiera que muestre una sola encuesta que asignara un porcentaje tan alto.

Evidenciadas todas estas irregularidades, comprobado el fraude, procedería, con la fuerza popular reclamando su derecho, anular las elecciones y convocar de nuevo, en circunstancias más justas y equitativas, con un árbitro verdadero, imparcial y justo.

En cualquier otro país donde se respete a los ciudadanos (porque de lo contrario ellos se hacen respetar), esas cosas no habrían sucedido.