El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) tendrá sus razones para no estar conforme con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Sea porque no haya acogido los alegatos de la JCE sobre la desnacionalización de dominicanos de ascendencia haitiana o porque sienta algún tipo de acoso de la entidad.
Es posible, sin embargo, que el magistrado Roberto Rosario se haya excedido al sugerir al Ministerio de Relaciones Exteriores que envíe una nota de protesta a la CIDH por dar crédito a una querella interpuesta por 48 dominicanos que se quejan de que la JCE rehúsa cumplir con la expedición de sus documentos de identidad. Rosario basa la petición en que el organismo internacional falló el caso sobre la base de documentos ocultos, que desconocían el Estado y la propia JCE.
A simples vista el conflicto luce confuso. Pero aún más con el reclamo de que la Cancillería emita una nota de protesta sobre un caso del cual la JCE es la única responsable.
El Nacional
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