En febrero dediqué dos de mis entregas al incremento de los compromisos financieros del Estado, a la preocupación del FMI con la alta proporción de los ingresos tributarios destinados al pago de la deuda, y a la reforma impositiva que eventualmente se nos endosará.

Reconocidos economistas, Guillermo Caram, Andy Dauhajre y Jaime Aristy entre ellos, han adelantado las peligrosas consecuencias que podría traer esta irrefrenable tendencia de endeudarnos para financiar obras de infraestructura, política que sacrifica de manera progresiva los recursos reservados para la inversión social. El Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo se sumó esta semana a la crítica a través de una nota de prensa que pasó virtualmente inadvertida.

¿Qué le preocupa? Pues que el gobierno dominicano haya incrementado los préstamos en el presupuesto 2010 en alrededor de 40 mil millones de pesos más que el monto consignado para el 2009, que 43 centavos de cada peso recaudado hoy se destine al pago de la deuda, que las autoridades caminen en una avanzada hacia la profundización del empobrecimiento, que la inversión en servicios sociales alcanza tan sólo el 8.1% con respecto al PIB, situándose muy por debajo del promedio de la región de América Latina y el Caribe, la cual ronda el 15% según cifras de la CEPAL, entre otras cosas.

En vista de que el gobierno no ha planteado cuáles medidas de austeridad adoptará para reducir los gastos superfluos y la carga de la deuda, el referido centro llama a la sociedad a cohesionarse para reclamar la desaceleración del ritmo de endeudamiento, y ha invitado al Poder Ejecutivo a la reflexión para no perpetuar la dedicación de las recaudaciones estatales en su mayor proporción al pago de la deuda pública.