Los dos feminicidios con que se inauguró este año, ocurridos el sábado día 2, son un triste mensaje para el Gobierno sobre una epidemia que se resiste a ser erradicada con respuestas de corte internacional como las “casas de acogida”, condenas a la violencia machista y teorías desvinculadas de la realidad social y económica del país.

Al sumarse a una larga cadena de crímenes de género, las muertes de Yuleysi del Carmen Beato Pérez, de 26 años, y María Cristina Encarnación, de 27, plantean que los feminicidios son un mal que debe enfrentarse no con criterio policial, sino como cualquier otro problema social.

La saña que acompaña los crímenes es otro elemento que necesita abordarse. Beato Pérez, madre de dos niños y quien laboraba en el Cuerpo Especializado de Seguridad de la Aviación Civil (Cesac), fue ahorcada por su pareja, identificada como Zafiro, en su residencia del sector San Isidro, Santo Domingo Este.

Encarnación fue muerta a cuchilladas por su marido Bernardo Vicente Montero, de 23 años, en Sosúa, Puerto Plata. Los conmovedores sucesos van más allá de la conmoción y la repulsa contra la repudiable violencia machista, entre cuyas secuelas también está el drama de los niños huérfanos de ambos padres.

Interior y Policía, el Ministerio de la Mujer, la Procuraduría General de la República y la sociedad civil tienen en las muertes de Beato Pérez y Encarnación dos casos que reclaman con urgencia una respuesta integral a la dolorosa violencia de género que desde hace tiempo carcome a la familia.