Cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anuncia que, como prometió durante la campaña electoral, en algún momento (ya no pone fecha) hará cerrar la cárcel de Guantánamo, escurre entre promesas y disfraces su aparente compromiso con el cambio, que, en determinados momentos, se manifiesta incompatible con su verdadera misión, que es dar continuidad a la tarea de afianzar la hegemonía del poder estadounidense.

La construcción del centro de reclusión y tortura en un territorio usurpado (este detalle tampoco se puede ignorar) se ubica, dentro de la lógica que exhibe Obama, entre las malas decisiones de George W. Bush, su antecesor, a quien en enero del año 2009, él describió como un buen hombre, que ama a su país.

En abril del año pasado, Obama proclamó que la Casa Blanca defendería a cualquier funcionario que, en Estados Unidos o en el exterior, sea sometido por torturar a sospechosos de terrorismo.

Al justificar a los torturadores, evidenció que el elogio a Bush no fue pose protocolar o mera cortesía, sino una reiteración de su compromiso con la continuidad de los proyectos fundamentales.

Honrando ese compromiso, mantiene abierta la infame cárcel de Guantánamo, y la hará cerrar cuando considere que se han cumplido las metas de los sectores que dispusieron su apertura. Y es porque, aunque no comparte todos los métodos de esos sectores (por la salud del sistema, antes que por otra razón), comparte sus objetivos fundamentales.

Actuó en esa misma línea cuando en septiembre del año pasado estampó su firma para renovar la vigencia del criminal bloqueo económico contra Cuba, y al inicio del presente mes hizo lo mismo.

Por disposición de Obama, el bloqueo continuará vigente hasta septiembre del año 2011. El argumento es el que hereda de sus antecesores: es conveniente para Estados Unidos. El fundamento legal lo constituye la nonagenaria Ley de Comercio con el Enemigo.

Eso es dar vueltas en el pasado después de trajearse para viajar hacia el futuro.

La cárcel de Guantánamo enlaza la impunidad de las tropelías de la ultraderecha en el continente con la tolerancia a la masacre en otras zonas.

Será cerrado el centro de tortura, si conviene a la imagen del sistema, pero no serán juzgados quienes han sembrado muerte en Iraq, en Afganistán y en otras zonas. Se mantiene el criminal bloqueo, y se impulsa la siembra de bases militares.

El proyecto de usar siete bases militares en Colombia se mantiene. El aparente respeto a la decisión de la Corte Constitucional de ese país, se deriva de la certeza de que Juan Manuel Santos actuaría de facto si el imperio lo requiere.

El contubernio con la ultraderecha es, en sí mismo, negación de lo nuevo.