El conflicto en Argentina con los sobornos pagados por Odebrecht ha tomado un giro diferente al de los demás países de la región.
La prensa ha dado cuenta de que la compañía, que hizo llegar hoy la documentación, ha solicitado a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, que los nombres de los imputados no sean revelados. Pero tampoco es todo.
El Gobierno ha tratado por todos los medios de evitar que los documentos lleguen solo a manos de Gils Carbó, por temor a que pueda engavetarlos o manipularlos. Y todo porque vincula políticamente a la funcionaria con la expresidenta Cristina Fernández.
Entre los mencionados se asegura que hay exfuncionarios de mucho peso político del entorno de Fernández, cuyos nombres se teme que puedan ser tapados por la jefa del ministerio público. Los nombres que por ahora han salido a relucir son de funcionarios del actual Gobierno, que desempeñaron funciones no tan relevantes en la pasada administración.
El Nacional
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