Hace tiempo que la nación sufre de cruento acoso internacional para que varíe a conveniencia de grandes metrópolis su legislación migratoria, permita libre paso intrafronterizo y conceda la nacionalidad dominicana de manera automática a hijos de indocumentados.

Es por eso que resulta oportuna la advertencia del ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, de que no existe instrumento internacional, tratado o convenio que pueda constreñir a República Dominicana a modificar forzosamente la manera en que maneja sus flujos migratorios.

Aunque por alguna razón, lo dicho por el canciller no se aplica en la cotidianidad, porque la frontera terrestre sigue abierta de par en par, sus declaraciones hacen sentido porque fueron emitidas ante la misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El Gobierno dominicano no escatima esfuerzos por intentar convencer a incrédulos organismos internacionales de que el país ha mostrado un desempeño alto en las áreas de gobernanza de políticas migratorias, y en el fomento de una migración segura y ordenada. Un reciente informe de Amnistía Internacional insiste en señalar que aquí se promueve apatridia.

La Cancillería y la OIM acordaron lanzar un programa sobre Índice de Gobernanza Migratoria para reforzar la capacidad legal e institucional del Gobierno en materia migratoria y garantizar los derechos socioeconómicos de los migrantes, un propósito muy distante a la acusación de fomentar apatridia que endilga Amnistía Internacional.

A esos enclaves internacionales que patrocinan una dilatada campaña de descrédito contra República Dominicana no les llega la información de que el país obtuvo una calificación por encima de siete puntos sobre diez en la aplicación de sus políticas migratorias, tomando como referencia los años 2013 y 1017.

Como si fuera poco, el Gobierno dominicano se compromete ante la Organización Internacional de las Migraciones a aplicar una tecnología de monitoreo de sus políticas migratorias, mediante la cual todas las instituciones vinculadas con el tema migratorio serán fiscalizadas y evaluado su desempeño. ¿Se quiere más?.

Ojalá que el Gobierno no olvide ni por un momento que la gestión migratoria es atributo y responsabilidad exclusiva del Estado nacional y que ningún instrumento jurídico o convención internacional puede constreñir ese derecho inalienable.