Las huelgas que bajo las mismas demandas sociales paralizaron en su primer día casi en su totalidad a Salcedo y Bonao son síntomas muy elocuentes de la inestabilidad que, por las razones que fueren, cobra cuerpo de un tiempo a esta parte en el país. Los movimientos no han sido los únicos, sino eslabones de una cadena que ha tocado diferentes localidades.

Sin embargo, más que a las protestas y las reivindicaciones el Gobierno ha prestado más atención a los supuestos propulsores, como si no existiera la más mínima razón para que ciudades y barrios apelen a los movimientos para exponer necesidades colectivas. O simplemente como estrategia para desviar la atención y ganar tiempo.

El caso es que con culpar al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) no se van a resolver problemas sanitarios y viales como los expuestos por residentes en la urbanización Jardines del Este, un sector de clase media de Santiago, ni en barrios populares de la ciudad que han protestado todos estos días en demanda de diferentes obras.

Que el PRD y hasta sectores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) disgustados con el Gobierno respalden y alienten los movimientos es lo más obvio, en modo alguno se puede descartar. Es muy significativo, sin embargo, que figuras como el arzobispo metropolitano de Santiago, monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, excluyera el interés partidario de las protestas. De ahí que, antes que deslizarse por lo político, lo prudente sería dialogar con franqueza con las comunidades.

Con todo y que insista en no aparentarlo la misma caída en las recaudaciones, atrasos en los pagos, paralización de muchas obras públicas y otras señales muy elocuentes testimonian que las finanzas no andan bien.

Pese a la caída de los precios del petróleo, la vida está cara. Es una verdad que han admitido las propias autoridades al declararse impotentes para hacer bajar los precios de los artículos de primera necesidad. Hasta el presidente Leonel Fernández intervino sin resultado alguno. Tampoco se puede negar que la crisis en los servicios y el deterioro de calles y carreteras presenta un cuadro dramático de muchas comunidades.

Lo prudente sería que el Gobierno buscara la forma de desactivar las protestas, no con promesas que ya nadie cree ni con la habitual represión de los movimientos, que en modo alguno significa tolerar desórdenes, sino con soluciones concretas. O a través de un diálogo franco y abierto.

El Gobierno tiene todavía mucho margen que puede aprovechar en su favor, antes que sea tarde. Los ojos son para ver.