En el año que concluye, quedó en evidencia el contubernio para mantener los privilegios y la impunidad. Legisladores, jueces de altos tribunales y funcionarios del Poder Ejecutivo, comprometieron palabra y acción en en el intento de legalizar aborecibles formas de corrupción y de apañar las manifestaciones no legalizables de podredumbre. Al presidente Leonel Fernández, ni siquiera su probado empeño por proyectar buena imagen lo ha llevado a pronunciarse contra prácticas como la autoasignación de sueldos de lujo, y menos a garantizar que llegará hasta las últimas consecuencias la investigación sobre la penetración de grupos mafiosos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Parece que el presidente Leonel Fernández ha olvidado los escándalos causados por la autoasignación de sueldos de lujo, como ocurrió en la Cámara de Cuentas y en la Cámara de Diputados.

Los jueces de la Cámara de Cuentas se autoasignaron aumentos en sueldos, viáticos y gastos de representación por casi 200 mil pesos, llevando su ingreso mensual a 449, 994.28 pesos. Organizaciones de la sociedad civil dijeron que con ello se violaba la Ley de Austeridad.

El presidente Leonel Fernández, autoproclamado heredero de Joaquín Balaguer, esperó sin inmutarse el final del espectáculo de mal gusto montado en el Congreso Nacional, que terminó con la renuncia de los jueces y con la declaración de los legisladores de que se trata de hombres probos que cometieron el error de permitir que diferencias internas fueran tratadas en público. Fueron llamados a declarar no para hacer justicia y establecer responsabilidades, sino en un intento infeliz de lavar la imagen del sistema.

Fernández presentó entonces las ternas para constituir de nuevo la Cámara de Cuentas, cuidando de que quedara controlado por el sector balaguerista. Efectivamente, en la presidencia del tribunal quedó Licelot Marte, una balaguerista de vieja data.

El pasado día 8, cuando Fernández habló sobre la crisis y prometió tomar medidas económicas, nada dijo sobre la autoasignación de sueldos de lujo, y tampoco habló de las pensiones de cientos de miles de pesos como la que se asignó Leonardo Matos Berrido (también balaguerista).

Heredero es, ciertamente.

El escándalo en la Cámara de Cuentas retrató el balaguerismo de Leonel Fernández y el oportunismo de los legisladores, quienes nada podían hacer, porque también a mediados de año los diputados se habían aumentado los sueldos en un 50% llevándolos a 175,474 pesos.

Los trabajadores sí que no pueden autoasignarse sueldos, salarios o pagos compensatorios y han tenido que soportar la política de salarios deprimidos impuesta por Balaguer hace cuatro décadas.. Para Leonel Fernández y sus asesores, esto no es escándalo, y no lo es, obviamente, para los dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano, del Partido Revolucionario Dominicano y de las organizaciones minoritarias oportunistas, porque los legisladores cobijados bajo sus siglas justifican los aumentos.

La convocatoria a diálogo para el año próximo es sólo un recurso para conseguir el aparente permiso para utilizar en sus prioridades (que no son salud y educación, como él dice), el dinero de los fondos de pensiones. La existencia de ese dinero, resultado de las cotizaciones obligatorias de los trabajadores, sí que no la olvida el presidente Leonel Fernández.

Y, como si de nada se tratara, parece que ha olvidado también que en escándalos como el caso de los 7 hombres ejecutados en Paya, Baní, por ajuste de cuentas, están vinculados los nombres de altos oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Olvidó que es responsabilidad suya ordenar una investigación en la cual a nadie le sea reconocida la condición de intocable? ¿Olvidó que debe rendir cuentas a la población y que en este caso eso implica pedir cuentas a toda la alta oficialidad que constitucionalmente está bajo su mando? Difícl es hacer la lista de todo lo que el presidente parece olvidar. Para el año 2009, su memoria funcionará con el mismo criterio de selección. El calificativo para esto, si es preciso deberá ser soez.