El Gobierno eliminó el subsidio en el precio del gasoil que concedía a empresas y sindicatos de transporte que oscilaba entre dos mil y cuatro mil millones de pesos al año, bajo el alegato de que ya no existen razones para mantenerlo en vigencia.

Esa facilidad dirigida a los transportistas comenzó a aplicarse en 2011 cuando el precio del galón de ese combustible se cotizaba en el mercado internacional a alrededor de US$3.50 y el barril de petróleo por encima de 115 dólares.

En la actualidad, el petróleo promedia 50 dólares el barril y el galón de gasoil por debajo de un dólar y medio, por lo que las autoridades consideran que no hay razón para mantener ese tipo de subsidio que implicaría para este año dos mil millones de pesos.

El argumento más relevante esgrimido por el Gobierno ha sido su denuncia de que la mitad de los recursos que representa ese subsidio “se utiliza para otros fines”, lo cual ha distorsionado al mercado de combustible.

Se estima que la exoneración de combustible al sector transporte representó, en los cinco años de vigencia, cerca de diez mil millones de pesos, una parte sustancial de los cuales fue a parar a los bolsillos de no se sabe quién.

El simple ejercicio matemático de que cuando se aplicó ese subsidio el petróleo superaba la barrera de los 100 dólares el barril y de que hoy en día está por debajo de 50 dólares, indica que es absolutamente pertinente la eliminación de esa subvención.

Ya algunas empresas del transporte público de pasajeros han anunciado que dispondrán de un aumento de precio en los pasajes urbano e interurbano, por lo que se presume que el Gobierno dispondría de alguna medida adicional para impedir que los dueños del país masacren a los usuarios de ese vital servicio.

El Gobierno ha adoptado una medida valiente y oportuna que puso fin a una cruenta forma de corrupción y dispendio que nunca benefició a los choferes del transporte ni a la ciudadanía, que fue un factor de distorsión del mercado de combustibles y fuente de enriquecimiento ilícito.