Puerto Rico, que aún no se recupera por completo de las devastaciones del ciclón María que asoló la isla en 2017, ha sido estremecido ahora por un sismo de magnitud 6,4 que provocó la muerte de una persona, ocho heridos y la destrucción de viviendas, escuelas, negocios e instituciones públicas, así como miles de damnificados.

Desde hace diez días se producen temblores de tierra, algunos de mediana intensidad, lo que obligó a las autoridades boricuas a declarar estado de emergencia ante el peligro de una catástrofe mayor, así como para liberar fondos federales que permitan asistir a las familias afectadas.

La Isla del Encanto ha sido afectada en los últimos años por una serie de eventos negativos como la crisis económica derivada del elevado endeudamiento público, así como otra crisis política e institucional que produjo la dimisión del gobernador Ricardo Rosselló.

El huracán María causó la muerte de más de tres mil personas y cuantiosos daños materiales estimados en miles de millones de dólares, incluido la inhabilitación del sistema eléctrico, por lo que los estragos provocados por el sismo de ayer hacen más difícil el retorno a la normalidad.

Los dominicanos renuevan votos de solidaridad con el pueblo de Puerto Rico ante otra dura prueba a la que es sometido por evento de la naturaleza, en la seguridad de que esa nación podrá superar prontamente este pesaroso momento.

Culpa compartida

Más que culpar o censurar a pequeños y medianos productores de pollos por el brote del virus Newcastle que ha provocado la muerte de miles de aves en la zona del Cibao central, el ministro de Agricultura debería disponer rápida asistencia a los granjeros afectados.

Tiene razón el ingeniero Osmar Benítez al señalar que ese brote se ha producido porque algunos productores no cumplieron con el programa de vacunación de pollos, pero ese llamado de atención no representa ningún remedio para subsanar un mal que podría empeorar.

El propio ministro Benítez debería asumir parte de esa culpa que endilga a los granjeros, toda vez que corresponde a Agricultura supervisar la debida aplicación de los protocolos sanitarios que garanticen inocuidad en la producción avícola.