Con su rechazo a suscribir el Pacto Mundial sobre Refugiados que será conocido hoy en Nueva York, el Gobierno dominicano ha evitado una segunda encerrona jurídica propiciada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) que lesionaría muy severamente la soberanía nacional.

República Dominicana tampoco aceptó adherirse al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, firmado en Marrakech, Marruecos, también bajo auspicios de la ONU, porque es incompatible con el ordenamiento jurídico interno y el fuero soberano.

La razón básica por la cual el país rechazó suscribir los pactos para la Migración Segura, y de Refugiados, ha sido porque la inmensa mayoría de los ciudadanos del vecino Haití poseen potencialmente la doble condición de poder invocar el estatus de emigrantes por razones económicas o de refugiado por causa política o étnica.

En ninguno de esos escenarios, el Estado dominicano tendría capacidad económica ni logística para poder cumplir con los protocolos que esos convenios imponen en favor de miles de emigrantes o refugiados que vendrían desde Haití acosados por hambruna o por crisis política.

El Pacto por las Migraciones obligaría al Gobierno a mejorar la autosuficiencia y la integración de las personas refugiadas, promover reasentamientos y generar condiciones necesarias en los países de origen para que puedan regresar “voluntariamente” a sus hogares, “cuando las condiciones lo permitan”.

Hay que imaginarse la situación que afrontaría República Dominicana si el precario clima político termina por derrumbarse en Haití y se produce un éxodo bajo la figura del refugiado y al amparo de un pacto que obliga al Gobierno a proveer alimentación, salud, vivienda y empleo a un alto número de migrantes.

El país es signatario de todas las convenciones de la ONU referidas a ese tema, tanto así que aquí opera una oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pero el Pacto que se firmaría hoy en Nueva York contiene obligaciones incompatibles con el principio la soberanía nacional.

Con su rechazo a firmar, el Gobierno ha evitado una segunda encerrona que colocaría a República Dominicana en grave peligro de inestabilidad política en el posible escenario de que en Haití estalle una crisis política que a su vez cause un gran éxodo de refugiados a los que habría que acoger con unas condiciones imposibles de cumplir.