En julio de 2016 se promulgó la ley orgánica de la Policía, que tiene entre sus objetivos generales establecer y regular la organización, funcionamiento y principios fundamentales del cuerpo, así como los derechos, deberes, estatuto de carrera, seguridad social y el régimen disciplinario de sus miembros.

La legislación, que se presentó como una suerte de panacea, define a la Policía como un cuerpo armado, técnico, profesional con la misión de salvaguardar la seguridad ciudadana, prevenir y controlar delitos, perseguir e investigar las infracciones penales y mantener el orden público.

Esa ley, que contempla la reducción a no más de 20 de los 56 generales con que cuenta la institución y asigna funciones específicas a su alrededor de 39 mil miembros, jamás ha sido aplicada. Las razones por las que se engavetó jamás se han ventilado.

Pero ahora el presidente Luis Abinader se ha comprometido con otra reforma que defina la labor de la Policía y de sus miembros. Bajo su mandato ya los policías cuentan con beneficios como aumento salarial de un 30%, seguro Premium de Senasa y transporte gratis en los medios que opera el Gobierno.

Es obvio que la reforma prometida por el mandatario no solo será para cumplirse, sino que se redefinirá el servicio de los miembros del cuerpo pues se habla de que son más los agentes que trabajan fuera que dentro de la institución en la que cobran.

Pero también se redefinirá el número de generales, que en la actualidad son unos 56, y los tantos oficiales que inundan el cuerpo.