Lo menos que podía esperarse era que el Poder Judicial se iba a encarrilar después de la sanción moral por la infame sentencia sobre el contrato con la Sun Land. Pero ¡qué va gallo, qué va! parece que sus temores o compromisos son tan grandes que no hay forma de que coja cabeza, guardando siquiera las apariencias.

Como muestra, ningún botón mejor que la reacción de la Suprema Corte de Justicia sobre el escándalo en torno a la sentencia de una jueza de San Cristóbal que ordenó la libertad, basada en lo que establece la ley, de un sobrino del comerciante Quirino Ernesto Paulino Castillo, así como sobre el fallo de una magistrada de Puerto Plata a favor de 31 agentes de la Policía acusados de servir al narcotráfico.

Pese a toda la cháchara, el escándalo ha evidenciado que aplicar la ley es pecado. El vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Luciano Pichardo, se permitió, como si fuera vocero del Ministerio Público condenar sin prueba a los inculpados. Eso quizás explica porqué, para librarse del escarnio, falló en la forma en que hizo una operación que la Justicia reconoció era violatoria, pero que era más preferible lavarse las manos.

En opinión de Luciano Pichardo algunos magistrados incurren en una imprudencia y en una falta de cuidado al querer darle cumplimiento de manera estricta a la ley. Es como abogar por una justicia complaciente.

Por más que se haya visto en este país, hay espacio para el asombro. ¿Cómo es posible que un juez diga que una violación a una disposición penal, por más insignificante que resulte, no puede dar lugar a que elementos como Pedro Alejandro Castillo Paniagua y los policías sometidos en Puerto Plata salgan en libertad? ¿Será que se añora los tiempos de la íntima convicción?

Respecto a la sentencia que descargó a los 31 policías sometidos en Puerto Plata por presuntos vínculos con el narco, la coordinadora de la Oficina de Defensa Pública consideró una irresponsabilidad del fiscal Víctor Mueses cuestionar la decisión de la jueza Rosa Francia Liviano. Alegó que la licenciada Aylín Corsino Núñez que el Ministerio Público incurrió en faltas comprobadas y conscientes en el caso de los inculpados.

Pero sin duda Luciano favoreció que los agentes fueran condenados, dando como un hecho las acusaciones, sin importar que fueran culpables o inocentes. En cuanto a la liberación de Castillo Paniagua por la jueza de San Cristóbal Regina Carvajal Vizcaíno abogados y el Comisionado de los Derechos Humanos no sólo aprobaron el fallo, sino que resaltaron la trayectoria de la magistrada.

Pero Luciano Pichardo estimó que ese hombre, sin importar si fuera culpable o inocente, tenía que estar en la cárcel. Bastaba con la acusación, pues las pruebas son irrelevantes contra un hombre que, por demás, es familia de Quirino.

Con todo y lo mucho que se ha visto el retrato de la Justicia ha quedado claro, hasta con los matices, a raíz de las responsables sentencias a favor del sobrino de Quirino y de los policías

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