Otra vez en el mismo escenario se replicó una rebelión trágica de las que periódicamente se escenifican en la cárcel La Victoria.

En esta ocasión con saldo de tres muertos y diez heridos. Un hecho trágico que se llevó a tres seres humanos como usted y como nosotros, que jamás retornarán a la vida, a la que tenían derecho como el que más, aun en aquel escenario de muerte, de verdadero cementerio de hombres vivos, máxime que estaban donde tenían que estar: privados de libertad, hábitat natural para todo violador de las leyes dominicanas, pero con derecho a la vida y a un trato humano. Ahora alguien deberá pagar por su muerte.

La otra cara del hecho es la causa de aquella escena sangrienta y de muerte, que espera resultados de una investigación seria e imparcial, que dé respuestas a las interrogantes generadas desde el mismo día del vergonzoso evento, como lo reporta este mismo vespertino d/f 18/01/2022 donde denuncia que se trata de un negocio entre traficantes de armas blancas y de fuego, servicios privilegiados, y poder de autoridad usurpada, con compra y venta de toda cosa útil para alguien o para algo.

Ese negocio mafioso no se produce sin conocimiento y participación de las autoridades civiles, militares, policiales etc, asignadas a ese penitenciario. Esa investigación no necesita de mucho tiempo ni rigor científico, pues basta con seriedad, imparcialidad y aptitud para que los resultados sean efectivos y aplicables a quien tenga que caer, de acuerdo a la ley y a los que por comisión u omisión resulten responsables del hecho.

Hubo tres muertos y diez heridos, cuyos autores no deben quedar impunes. El blanco de la investigación no solo deben ser los reclusos que escenificaron la trifulca, sino y principalmente, las autoridades que dirigen allí, los que mandan, los intermediarios y los que hacen mandados.

El hecho ni el momento son para paño tibio, sino de sanción ejemplarizante, porque hay tres víctimas mortales y diez heridos que así lo merecen.

Hay que apurar el paso para que los presos de esa cárcel sean trasladados a otros recintos donde no reine la cultura de contubernio mafioso entre autoridades y prisioneros que a veces confunden sus funciones, sus deberes y sus derechos.
Los responsables de esos heridos y muertos deben pagar por sus hechos. Fue estratégico el operativo más reciente realizado por las autoridades correspondientes, pero sin dejar la Iglesia en manos de Lutero.

Por: Lic. Santiago Martínez