Luego del apresamiento de Quirino Ernesto Paulino el 18 de diciembre del 2004, hubo un marcado empeño en señalar supuestos vínculos del Gobierno de Hipólito Mejía con las actividades de narcotráfico del ex capitán del Ejército Nacional, pero al mismo tiempo se omitían indicios que comprometían a personas en el entorno del Presidente Leonel Fernández.

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Entre los identificados en el país estarían importantes empresarios, políticos, militares activos y retirados. El Ministerio Público dominicano habría acordado con los investigadores norteamericanos facilitar la salida del país de los familiares de Quirino.

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Hay evidencias de una llamada que hizo Quirino en el momento de ser detenido. En esta comunicación telefónica, pediría ayuda a un General con una función muy importante en el gobierno. A pesar de lo que esa llamada podía significar, este oficial no fue interrogado ni incluido en el expediente que se le hizo al detenido.

Aunque se ha manipulado la existencia de una foto donde aparece Quirino, supuestamente juramentándose como miembro del PPH, no se menciona que el acusado estuvo entre los invitados a la boda de una figura cimera del PLD, que se habría realizado entre el año 2000 y el 2004. Tampoco se le dio importancia a las declaraciones que hizo antes de ser extraditado, cuando afirmó, que por igual, había contribuido económicamente con todos los partidos políticos. Esto no excluía al partido de gobierno.

Los rumores señalan a un importante empresario de la zona norte, quien habría hecho una fuerte aportación económica a la campaña electoral del PLD en el 2004, este empresario sería el destinatario oculto de la droga incautada en el momento de la detención de Quirino.

Esta situación motivaría que el vehículo que transportaba la droga, fuera detenido antes de llegar a su destino y no en los predios del personaje que se presume la recibiría. Se supone que la detención anticipada del cargamento protegió la identidad de esta importante figura en la red que operaba Quirino.

Con maldad se sugiere que el mayor general Virgilio Sierra Pérez le hizo una pista de aterrizaje a Quirino en Elías Piña, esta tendría también una dotación militar para facilitar sus actividades. Esta burda manipulación ignora que esa pista la construyó la Fuerza Aérea Dominicana en coordinación con la Dirección General de Fronteras y a requerimiento de esta última dependencia, lo que explica el servicio militar que se le puso. A pesar esta maliciosa insinuación, nadie ha podido comprobar que en esa pista aterrizara nunca alguna aeronave del acusado.

Si Quirino contribuyó económicamente en la construcción de esta pista, si un helicóptero suyo era guardado en un hangar de la FAD o si el general Sierra Pérez era su amigo de infancia, cosa que nunca negó, no es evidencia necesaria que este oficial o el Estado al cual servía, le estaban protegiendo en las actividades ilícitas a que ocultamente se dedicaba. Se puede hacer un símil de las relaciones del doctor Leonel Fernández con Ramoncito Báez; nadie puede afirmar que el primero fuera cómplice de las acciones fraudulentas que se cometieron en BANINTER, a pesar de sus conocidas relaciones con el propietario del banco.

Lo que se ha resaltado es que Quirino realizaba sus actividades en el Gobierno de Hipólito Mejía, cuando sería ingresado y ascendido en el Ejército Nacional, pero se omite que él comenzó sus operaciones de narcotráfico en el año 1996 (Según lo comprobaron los investigadores norteamericanos) en el primer período de gobierno peledeísta y que en ese mismo año fue su primer ingreso a las Fuerzas Armadas como sargento de la Fuerza Aérea Dominicana.

También fue un ingreso irregular ya que no fue cadete ni realizó ningún entrenamiento para justificar su admisión a las Fuerzas Armadas. Cualquiera puede suponer lo mismo que maliciosamente se dice sobre su ingreso en el Gobierno de Mejía; que fue ingresado para protegerlo como militar desde que comenzó sus actividades ilícitas.

Durante el período 2000-2004, las operaciones de narcotráfico de Paulino Castillo, continuarían realizándose, pero en algún momento fueron detectadas por las autoridades. Se dice que cuando fue detenido en diciembre del 2004, ya hacía más de tres años que se le daba seguimiento a sus actividades. Este seguimiento lo harían las autoridades dominicanas en coordinación con las agencias norteamericanas. Las nuevas autoridades solo dieron continuidad al rastreo que ya se había iniciado en el periodo anterior. Su arresto el 18 de diciembre de ese año, fue la culminación de ese proceso.

Fue evidente la politización inicial del caso como propósito estratégico de la organización política gobernante (PLD), la que trató de capitalizar supuestos o reales vínculos del capo detenido con la principal organización política opositora (PRD). Sin embargo, contrario a lo acontecido en esa primera etapa de este proceso judicial, se percibe ahora un entendible comedimiento en el manejo que está dando el gobierno y sus representantes a este nivel de las investigaciones conducida por los fiscales norteamericanos.

No se manifiesta la ligereza en las acusaciones a supuestos implicados del Gobierno de Mejía y la razón es que los involucrados pueden estar en cualquiera de las organizaciones políticas y no parece posible que en esta ocasión se pueda ocultar o proteger a nadie.

Se deduce que las informaciones aportadas por Quirino consistieron principalmente en ofrecer los nombres de importantes personalidades dominicanas y de otros países que estarían relacionadas con sus actividades de narcotráfico. A cambio de ser favorecido con la reducción de la pena y consideraciones especiales para sus familiares, Quirino habría dado valiosas informaciones sobre los integrantes de la red de narcotráfico que operaba en el país y de la cual formaba parte. Acusado en un principio, ahora se convierte en Testigo de Cargo, protegido por el sistema judicial norteamericano.

Un Gran Jurado convocado por la Fiscalía de la Corte Federal de New York, depurará los nombres facilitados por Quirino y los escogidos serán solicitados en extradición para ser procesados en los Estados Unidos. Las autoridades dominicanas habrían estado compelidas a llegar a este acuerdo con la Fiscalía de New York, y no podrán evitar cumplir con sus compromisos.

y anular los cargos que se le instrumentaron, luego de hacerlo, se espera que en el país se reciba la lista de los nuevos extraditables, sobre los cuales ya el Presidente de la República dijo que autorizará la extradición de todos los solicitados sin importar que ocupen un cargo fuera o dentro del gobierno. A pesar de esas expresiones del mandatario, es posible que se haga algún esfuerzo por proteger a quienes, desde la perspectiva oficial, políticamente no convenga extraditar.

El proceso de extradición se maneja entre las autoridades norteamericanas, la Cancillería, la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia. No creo que sea posible seguir estos pasos sin ninguna filtración a los medios de comunicación cuando existe tanta expectativa en conseguir esa información.

Tampoco se correría el riesgo de tener que enfrentar la reacción norteamericana, la comunidad internacional y la opinión pública nacional, tratando de ocultar nombres de personas comprometidas en este caso. Creo que estamos en el umbral de detenciones inusuales de personalidades enquistadas en el poder político, económico y militar para ser procesadas por primera vez por sus vínculos con el narcotráfico ¿Una ilusión?