Santo Domingo.- El movimiento cívico Participación Ciudadana informó que el proyecto de Código Penal que reposa en el Senado de la República esconde en su articulado disposiciones excluyentes, discriminatorias y obsoletas que en nada representa un estado social, democrático y de derecho que vive el país.
Ante esa realidad el organismo de la sociedad civil expresó su profunda preocupación por el contenido del proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados y que ahora se encuentra en el Senado para aprobación bajo el falso argumento de querer modernizar un instrumento legal como el que actualmente nos rige, sin importar el precio que haya que pagar, según dijeron
Para Participación Ciudadana resulta absurdo que se argumente la necesidad de modernizar la norma penal, y al mismo tiempo se penaliza el aborto sin tomar en cuenta las tres excepciones que han sido acogidas en la mayor parte de los países del mundo; cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el embarazo haya sido el resultado de violación o incesto o cuando el embrión viene con malformación incompatible con la vida científicamente comprobada.
Durante una rueda de prensa el Consejo Nacional de la organización de la sociedad civil manifestó que la comisión especial del Senado que estudia el proyecto de Código Penal, rindió un informe favorable sin tomar en cuenta a las organizaciones, ciudadanos que expresaron sus propuestas y sin tomar en cuenta las importantes observaciones presentadas por la magistrada Miriam Germán, Procuradora General de la República, violentando el ejercicio pleno de la participación ciudadana establecido en la Constitución.
Consideraron que diputados y senadores, sobre todo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) están engañado a los votantes al solicitar el voto defendiendo las tres causales de interrupción del embarazo y luego de alcanzar sus curules, votando por un proyecto que las excluye.
Un segundo aspecto que en el concierto de naciones coloca a la República Dominicana como país en una situación vergonzosa, porque el artículo 187 del proyecto del Código Penal que penaliza la discriminación, y que originalmente incluía la penalización de la discriminación por género o por orientación sexual. Ambos aspectos han sido excluidos del proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, lo que prácticamente implica carta abierta a la discriminación que se origine por ambos motivos.
Un tercer aspecto, es pretender reinstalar la jurisdicción penal militar en el artículo 306 del proyecto, en clara violación del precedente del Tribunal Constitucional (TC), que en dos ocasiones ha interpretado el artículo 254 de la Constitución y el resto de la legislación positiva para llegar a la conclusión de que tal jurisdicción no existe en el ordenamiento jurídico, según el comunicado de Participación Ciudadana.
