El curso de los acontecimientos sobre los sobornos pagados aquí por el consorcio Odebrecht para la adjudicación y sobrevaluación de obras se ha encargado de confirmar que el pacto que se suscribió para identificar y procesar a los supuestos beneficiados no fue de lenidad, sino de impunidad. Si todavía existe alguna duda, ahí está la condena de 20 años y seis de prisión contra el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, tras múltiples diligencias de un ministerio público comprometido con la justicia y con la defensa de los recursos públicos de su país.
Toledo, quien tan pronto concluyó su mandato se fue a residir a Estados Unidos, donde ejercía como docente universitario, jamás fue mencionado por Odebrecht entre los receptores de pagos ilícitos. Sin embargo, la fiscalía encontró que el exmandatario había solicitado y recibido 35 millones de dólares por la asignación de un tramo de una carretera.
Además de Toledo los fiscales determinaron que los expresidentes Ollanta Omala, Alan García (quien se suicidó cuando lo iban a detener para interrogarlo) y Pedro Pablo Kuczysnki, así como la líder opositora Keiko Fujimori y prominentes empresarios habían recibido pagos ilícitos del consorcio, que también mintió al decir que solo erogó por ese concepto 29 millones de dólares.
En República Dominicana, a cambio de un silencio que se ha mantenido desde que estalló el escándalo hasta la fecha, a Odebrecht se le han respetado los contratos y no se le ha molestado ni con el pétalo de una rosa. Sobre los 92 millones de dólares que admitió haber pagado jamás se localizaron a los sobornados y los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, en cuyas gestiones se efectuaron las operaciones, jamás fueron interrogados.
Ahora, con la reforma fiscal para incrementar las recaudaciones, a nadie se le ha ocurrido tomar la Plaza de la Bandera para reclamar justicia sobre los sobornos pagados por una compañía que también reconoció, en un informe que suministró a Perú, que había hecho aportes irregularidades para partidos y candidatos en las elecciones de 2006. Más adelante, un consorcio internacional de periodistas de investigación se topó con que la firma había ocultado más de 39 millones de dólares en sobornos pagados para la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina.
Ni siquiera con el descubrimiento de los seudónimos de las personas a las que se habrían efectuado los pagos nuestra Procuraduría Especial de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) movió una paja. Por el tiempo que ha transcurrido a la población no le queda más que resignarse ante el encubrimiento. Y más todavía frente a casos como el de Alejandro Toledo, en Perú.