República Dominicana figura en el segundo nivel más bajo de ingresos tributarios, con un porcentaje de recaudación en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) de 13.4%, solo superado por Guatemala (12.3%), mientras el promedio en América Latina es de 20.7 por ciento y entre las economías desarrolladas de un 34%.

A pesar de que se produjo un incremento del 16% al 18%, y la ampliación de la base imponible, así como un aumento a los impuestos a la propiedad y del adelanto de 2,500 millones de pesos del gravamen a los activos de entidades de intermediación financiera, el promedio de presión tributaria no llega a alcanzar el 14%.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha elogiado el hecho de que la estructura tributaria dominicana refleja una apropiada distribución impositiva con una aplicación de impuestos a bienes y servicios de 8.6% en proporción al PIB, mientras que en la región fue de 10.4%, así como en los impuestos sobre ingresos y utilidades, de 3.2%, frente a un 5.2 del promedio regional.

Es difícil poder financiar desarrollo económico e inclusión social con tan baja tasa de recaudación (siete puntos porcentuales por debajo de la media en América Latina y 21% con relación a la aplicada en economías desarrolladas), aunque más difícil seria romper el círculo vicioso de que no se cobra impuesto por causa de la pobreza, que no se supera por falta de recaudaciones.

El drama económico descrito se agrava con la prevalencia de la fatídica situación de evasión y elusión impositiva por parte de los sectores de la sociedad que deben desempeñar un rol transparente de tributación y retención de impuestos, así como también el consabido fenómeno de la prevaricación, que por su naturaleza e intensidad distorsiona todo el andamiaje de la administración tributaria.

Las sucesivas reformas tributarias que se aplican han tenido siempre una vocación fiscalista, sin que sus planificadores asuman compromiso de recaudar para la inversión en el desarrollo. A lo más que se ha llegado es a extraer de las costillas de la población y los agentes económicos inmensos recursos que los gobernantes destinan a tapar huecos de déficit fiscal causado por el desenfreno en el gasto público.

No sería posible cumplir con una estrategia nacional de desarrollo que ha sido consensuada por el abanico social, político y económico de la nación, sin que se garanticen adecuados ingresos en la formulación del Presupuesto General del Estado, lo que se lograría por vía del anhelado Pacto Fiscal.

No sería prudente que Gobierno y sector productivo se enfrasquen en inútil debate sobre el tema de la presión fiscal, que para uno siempre será muy baja y, para otros, muy alta. Es imperativo que la sociedad toda pacte el compromiso de procurar romper el círculo infernal de una baja tributación, que impide afrontar la pobreza, que a su vez dificulta la ampliación de la base tributaria. Corrupción, evasión y elusión fiscal serían puntos esenciales en la discusión de ese necesario pacto fiscal.