Las lluvias de estos últimos días pusieron al descubierto otro de los descuidos de la administración pública. Errores que, como siempre, quien termina pagándolos es la ciudadanía que no acaba de encontrar alguien le responda por los daños sufridos. Estoy convencido de que el problema no está en que el drenaje no funcione, que las instituciones sean infuncionales, que la Policía mate a los ciudadanos, o que nada funcione como debería de ser. No. El problema es que esos errores atribuibles directamente al Estado, éste nunca los paga de sus bolsillos.

Nosotros que hemos sido criados bajo un sistema legal más cercano a Francia, España y países latinoamericanos, observamos con extrañeza, y hasta nos burlamos del sistema de responsabilidad civil que aplican los países anglosajones. Allá parecen demandar por cualquier pendejada, y puede parecernos ridículo, pero, curiosamente, eso es lo que hace que esas sociedades funcionen.

Allá, la administración paga sus errores y negligencias, y paga caro. Un policía mata a alguien desarmado, por falta de atención o mantenimiento se produce un colapso total de las vías arruinando centenares de vehículos, que una negligencia desborde una represa o incluso hasta un semáforo dañado que provoque un accidente, implica para la ciudad o el Estado una demanda millonaria. Aquí eso ocurre, y es un día más en el país de las maravillas.

Y no es por falta de disposiciones legales, pues los cuatro artículos que definen la responsabilidad civil son amplios como para repartir tajadas enormes a costa de los tropiezos de la administración. Es la rigidez interpretativa de nuestros jueces y el traumático proceso legal para llevar una demanda de este tipo los que hacen esas acciones cuesta arriba, por decir lo menos.

Y mañana es otro día para esta nación, y las autoridades siguen haciendo lo que sea que estén haciendo, y las víctimas de sus negligencias siguen pagando la cuenta.

Me encantaría enviar la factura del arreglo de mi viejo vehículo al ayuntamiento cada vez que el vehículo se me ahoga en un charco ineludible, o cuando se me desploma dentro de un cráter que está ahí porque no dan mantenimiento a las calles y no pude ver porque el poste de luz estaba dañado.

Sería formidable que los familiares de los asesinados por la Policía no sólo vean a los autores materiales presos con la pena máxima, sino también sean resarcidos de forma monetaria por el Estado por su responsabilidad directa al tirar a locos desquiciados a las calles con armas.

El Estado se demuestra insaciable en cobrar impuestos supuestamente para evitar que este tipo de cosas ocurran, y nada cambia: los mismos problemas, las mismas negligencias y nosotros, los mismos pendejos, pagando factura doble por el impuesto y por el daño que nos causó el uso ineficiente de ese impuesto.

Hasta que llegue el día en que los errores de la administración pública se paguen con dinero, en vez de esperar cuatro años para un inútil castigo por votos, las cosas nunca van a cambiar. Luego que el Estado quiebre, y vuelva a quebrar dos veces ahogado en demandas de responsabilidad civil, es que las autoridades van a coger cabeza. Mientras tanto, estos seguirán siendo días más en este infierno que llamamos país.