El presidente Luis Abinader juró ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por su honor cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, proteger y defender la independencia de la República, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos y cumplir fielmente los deberes de su cargo. Pero como ese compromiso tan solemne ha sido tan relajado por los gobernantes, sin la menor consecuencia, Abinader, con apenas dos semanas como jefe del Estado, ha tenido que reiterar que ajustará sus decisiones a las normas.

En un país donde se aplaude el cumplimiento de los deberes, porque es la excepción, es de gran significación que un mandatario que llegó al poder aupado por la consigna de cambio, que comprometió a sepultar el borrón y cuenta nueva que ha estimulado la corrupción y la impunidad, jure y perjure que la Constitución y las leyes serán el marco de su ejercicio.

Su trayectoria tornan innecesario un juramento que, sin embargo, Abinader reitera para apoderar a la ciudadanía del derecho de exigir y reclamar ante cualquier desvío de él o de alguno de sus funcionarios. Con su insistencia fortalece la esperanza de que las instituciones desempeñarán el papel que les corresponde.

Son más que saludables las señales de que el presidente Abinader no está entregado únicamente a perseguir la corrupción del pasado, que es el principal clamor de un importante segmento social.

La cuantiosa inversión para enfrentar el coronavirus, la educación, el plan para impulsar el turismo, las iniciativas para garantizar la seguridad ciudadana, la cobertura del seguro familiar de salud, la prolongación de los programas de asistencia y hasta el propio presupuesto complementario demuestran que el Gobierno trabaja para superar la actual crisis sanitaria y económica. Pero son tan intensas las presiones, que se tendrá que evitar cualquier indicio de injusticia o hasta el circo para lidiar con la problemática.

Las auditorías, que en lugar de la Cámara de Cuentas las efectuará la Contraloría General de la República, son las que determinarán si hubo irregularidades en la pasada gestión y la dimensión.

La decisión en caso de que se encuentren defraudaciones al erario no competerá al presidente Abinader, sino a las instancias correspondientes. Por supuesto, siempre estará presente el juramento del gobernante y su reiteración de que cumplirá y hará cumplir la Constitución y las leyes.

Para comenzar a trillar el sendero institucional tienen que aplicarse esas normas jurídicas y morales cuya ausencia ha degradado a la sociedad dominicana a los tiempos en que primaba el sistema de castas. El mandatario no tenía que insistir en su compromiso, bastaba con su trayectoria, pero ya que ha insistido entonces hay que tomarle la palabra.

Por: Luis Pérez Casanova

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