Desde hace cuatro meses no se imparte docencia plena en 156 escuelas de la región Sur, porque los maestros rehusan hacerlo, aunque no así cobrar su salario cada mes.

En principio, esos profesores resolvieron dar clases sólo de lunes a jueves, para exigir que el Gobierno destine el cuatro por ciento del PIB a la educación, sin reparar en el contrasentido de reclamar un derecho con la negación de esa misma prerrogativa.

Al declararse la crisis financiera en el Seguro Médico de los Maestros (Semma), profesores de San Cristóbal, Azua, Barahona, Pedernales e Independencia, suspendieron por completo la docencia, como si a los miles de alumnos desalojados de esos planteles se les imputara alguna culpa por el desastre en que gremialistas y funcionarios han convertido a esa ARS.

El cierre indefinido de las escuelas de la región más vulnerable del país constituye un abuso, apadrinado por el tuétano político del Gobierno y de la oposición.

La Asociación de Profesores (ADP), cuyo presidente es miembro del Comité Político del PLD y su comité ejecutivo es compartido por dirigentes del PRD y de la mentada izquierda, no ha tenido valor ni responsabilidad para censurar el acto de crueldad social que constituye el cierre de 156 escuelas.

Una maestra de Azua dijo que cada día los alumnos son devueltos a sus hogares sin ofrecerles ningún tipo de explicación y que en otros planteles, padres y tutores han asumido la tarea de impartir clases a propios hijos.

¿Por qué los partidos políticos que inciden en la ADP patrocinan, aceptan o callan ante tal despropósito?

¿Por qué un asunto extra curricular como la crisis del Semma motiva decretar la expulsión de miles de estudiantes pobres de las escuelas?

¿Por qué autoridades de Educación y de la ADP aceptan que profesores cobren sin trabajar?

En un crónico déficit ético que afecta a la partidocracia nacional parece incubarse el extendido brote de irresponsabilidad, insensibilidad y complicidad que ya adquiere la condición de pandemia moral.