La controversial resolución de Interior y Policía que prohíbe el porte de armas de fuego en diciembre se convertirá ahora en un pandemonio con los registros de vehículos para incautar revólveres y pistolas, a pesar de que se dijo que los decomisos serían solo contra quienes exhiban esos artefactos.

El procurador general, doctor Radhamés Rodríguez Peña, aclaró ayer que ciudadanos pueden acarrear armas en las guanteras de sus vehículos, pero resulta que la Policía inició anoche mismo operativos de revisión de automóviles con el alegado propósito de incautarlas.

Aunque el jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ha dicho que se hará cumplir esa resolución, no está claro si las requisas aleatorias de vehículos que se realizan en calles y avenidas tienen el propósito de confiscar armas.

El cruce de informaciones sobre el alcance de la polémica medida ha generado mayor confusión, porque ahora no está claro si el desarme se realizaría solo contra quienes exhiban armas al cinto, como dice el procurador, o también las que sean detectadas en el interior de los vehículos.

Se entiende que los registros policiales a vehículos procuran detectar o prevenir casos de narcotráfico, robo, atracos o porte ilegal de armas de fuego, pero no se sabe si esas patrullas han sido advertidas de que no deben incautar armas cuyos propietarios presenten licencia legal.

No parece justo que además de exponerse a altísimos riesgos de sufrir violencia delincuencial, se expongan también a padecer de la interpretación que puedan dar fiscales o policías en torno a la resolución sobre prohibición de porte de armas en diciembre.

Lo penoso de esta comedia convertida en drama es que todo el andamiaje estatal investigativo, de inteligencia y represivo estará atento a aplicar la famosa resolución de Interior y Policía al ciudadano ordinario, con el consiguiente descuido de la tarea de combatir a los delincuentes, que nunca exhiben pistolas y revólveres.

El secretario Franklin Almeida, cuya intención de reducir la delincuencia nadie pone en dudas, hubiese ahorrado el torrente de molestia, temor, angustia y confusión a la población, con sólo poner en marcha una campaña de concienciación ciudadana contra la violencia y el desenfreno en Navidad y Año Nuevo, sin necesidad de pretender un mal disimulado programa de desarme en diciembre a quienes la misma Secretaría de Interior autorizó a portar armas de fuego.

Parte del agua derramada podría recogerse, si alguien en el Gobierno se dignara en confirmar o desmentir lo dicho por el procurador general, de que las armas de fuego con permiso legal pueden ser transportadas en vehículos y que quienes las portan no serán tratados como delincuentes.