Antes de completar todos los trámites legales deja mucho que desear la evidente campaña de acondicionamiento que ha emprendido la administración del Banco Nacional de la Vivienda (BNV) sobre el ambicioso proyecto de remodelación del estadio Quisqueya, que incluye la donación al sector privado de miles de metros cuadrados de su entorno.

Aún se trate de la octava maravilla del mundo son muchas las interrogantes que han comenzado a tejerse desde que Bienes Nacionales transfirió al BNV, sin la mediación del Congreso, los terrenos en que se erigirá una obra que, no sólo por inoportuna, tiene que dar mucho de que hablar. Siempre, por supuesto, que el país no termine por morderse la lengua y hacerse de la vista gorda frente al destino de su patrimonio.

No se sabe, por ejemplo, la cantidad ni el valor del metro cuadrado, porque nadie se ha ocupado de tasarlo, siquiera para guardar las apariencias, pero desde ya se ha adelantado que el proyecto constará de 200 apartamentos, un hotel de 200 habitaciones, un centro de convenciones, locales comerciales y un museo. Al proporcionar los detalles se deduce que el ingeniero Jesús Rodríguez Sandoval, presidente de la compañía Rodríguez Sandoval y Asociados, ha sido contratado para la obra.

Pero hasta donde se tiene entendido para la ejecución del proyecto no se ha convocado licitación alguna, como establece la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas. Para más confusión de una anonadada opinión pública el ingeniero Rodríguez Sandoval anunció que los trabajos de construcción comenzarán en febrero del año próximo y serán concluidos en el 2013.

Sin tomar en cuenta al Congreso ni siquiera para los visos legales, el BNV ha hecho contactos para el financiamiento del cuestionable proyecto, o los ha autorizado, con bancos como el Caixa Geral, de Portugal; Eximbank, de Estados Unidos, y una entidad que sorprendentemente no se ha identificado. Por lo visto, para la obra todo está listo, bien planificado.

Lo que no se ha aclarado es si el Gobierno puede donar el patrimonio público con fines comerciales al sector privado. Tampoco si una empresa de tal dimensión no debería ser examinada y sancionada no sólo por el Congreso, sino por las fuerzas vivas de la nación. No basta el pretexto de que en la obra el Estado no invertirá un solo centavo, argumento que por pueril se presta a una tomadura de pelo, pues se sabe que los terrenos tienen un valor millonario.

La donación de los terrenos de la Ciudad Ganadera dispuesta por el presidente Leonel Fernández a favor del Patronato Nacional de Ganaderos es otro escándalo que habrá que dilucidar. Es como si se regalara el país, pedazo a pedazo.