El doctor José Francisco Peña Gómez, a quien se le suele invocar como uno de los tres grandes líderes de la política vernácula, aunque no sin cierto dejo de oportunismo, consumió muchas energías durante una gran parte de su vida para defender su dominicanidad. Pero lejos estaba ese prominente compatriota, de unas condiciones humanas que trascienden fronteras, que una resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que despoja de su nacionalidad a unos 20 mil dominicanos de ascendencia haitiana, removería sus restos y lo enfrentaría, si viviera, al horror de su pasado.

¿Quién quita que figurara entre las víctimas de una monstruosidad, sin más fundamento que el odio y el desprecio contra nuestros vecinos? Y como si no estuviera conforme con la muerte civil, el organismo ha encargado a la antihaitiana Dirección General de Migración del tiro de gracia. En menos de lo que canta un gallo, el titular de la entidad sentenció que el caso estaba cerrado, porque se había procedido conforme a la Constitución de 2010.

Peña Gómez se revuelve en sus cenizas al ver que también los suyos lo han abandonado. No sus descendientes biológicos, quienes, con honrosas excepciones, han brillado, no por méritos profesionales ni honrar su pensamiento, sino por profanarlo. De quien más dolido tiene que estar es del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que, como si hubiera renunciado a su historia, no ha abierto la boca para condenar el cruel atropello social y jurídico. Son esas actitudes, que parecen más bien cómplices con el poder, lo que hace a ese partido indigno de su pasado y torna su futuro tan incierto. Para el perredeísmo, la memoria de una figura como Peña Gómez debe ser sagrada, al margen de que la decisión de la JCE pueda atentar, como han advertido magistrados del tribunal, contra la seguridad jurídica y el Estado de derecho.

Juan Bolívar Díaz lamentaba que no pudiera entender ni asimilar la indiferencia de tantas instituciones, de dirigentes sociales, intelectuales, religiosos y personas de diferentes ámbitos preocupadas por las normas de convivencia civilizada y partícipes del código universal de los derechos humanos, ante una decisión administrativa que declara muertos civiles a decenas de miles de seres humanos. Y censuraba que se tratara de una decisión adoptada con carácter retroactivo, vulnerando una jurisprudencia y principio constitucional de carácter universal, recogida en todas las constituciones que han regido la nación dominicana desde su fundación.

La complicidad que plantea el silencio del PRD es más frustratoria todavía. Peña Gómez fuera uno de esos miles dominicanos víctimas de una muerte civil. Lejos de descansar en paz, tiene que seguir luchando.