No enmiendan los penosos desaciertos en que han incurrido, pero consignar la educación como un derecho para todos los residentes en República Dominicana, legales o ilegales, representa un saludable y hasta sorprendente paso de avance de los congresistas que discuten una nueva Carta Magna.

Tras el oportunista y funesto rechazo a todo tipo de aborto podía pensarse que los asambleístas no entrarían en polémica con un artículo tan conflictivo como garantizar el derecho a la educación a miles de niños haitianos que residen en el país de manera legal o ilegal. Se está claro que lo de extranjería no es más que un eufemismo que se insertó para guardar las apariencias.

Pero, a fin de cuentas, la conciencia se impuso. Y no podía ser para menos en un país que tiene más del 10 por ciento de su población residiendo en Estados Unidos y Europa, en muchos casos en las mismas condiciones económicas y sociales en que viven los haitianos en República Dominicana. ¿Con qué moral se podía pedir protección y respeto para los dominicanos en el exterior cuando ese mismo trato se les niega aquí a los vecinos de la parte occidental de la Hispaniola?

Es universal la prerrogativa acogida por los asambleístas de que todas las personas tienen derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.

La saludable decisión no garantiza, sin embargo, que por el hecho de consignarse de manera explícita en la Constitución se respetará al pie de la letra el derecho a la educación para los haitianos legales o ilegales residentes en el país. En materia de violación de la Carta puede que por aquí se haya hecho historia.

Todavía así la prerrogativa representa un paso de avance, pues lo cierto es que sectores de poder han hecho de todo en este país para no reconocer ningún derecho a los haitianos, sean documentados o indocumentados. El jus sanguinis que busca introducir en la Constitución para definir la dominicanidad es una figura jurídica dirigida contra la penetración haitiana.

Los patrocinadores de la iniciativa sanguínea, que son los mismos o coinciden con quienes rechazan el derecho a la educación de todas las personas, deberían interrogarse sobre la suerte de miles de ciudadanos estadounidenses de origen dominicano de haberse apelado a la figura del jus sanguinis.

De ninguna manera como para reivindicarse de la censurable actitud frente al aborto, pero el derecho a la educación que los asambleístas reconocen a los inmigrantes haitianos, legales o ilegales, representa un paso importante. Por más largo que sea el camino.