El Nacional
La disposición de los patronos de retomar el diálogo con las centrales sindicales con vistas a un aumento de los sueldos, abre nuevas perspectivas sobre el mejoramiento de los sueldos del sector privado.

La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Marisol Vicens Bello, dijo ayer que está de acuerdo con el planteamiento del vicepresidente Rafael Alburquerque en cuanto a que las negociaciones de salario mínimo deben darse cada dos años y de que es hora de que el aumento salarial se decida.

Vicens Bello invitó a los sectores gubernamental y de los trabajadores a reanudar en el menor plazo posible las discusiones sobre la revisión de los salarios mínimos en el Comité Nacional de Salarios.

La instancia se produce luego que el Consejo Nacional de Unidad Sindical manifestara su rechazo a un incremento del 12 por ciento en el salario mínimo propuesto por los empresarios.

La presidenta de Copardom recordó que el diálogo fue interrumpido por la asistencia de los representantes a la reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Afirmó que el sector empleador privado solicitó la convocatoria al Comité de Salarios, antes el cumplimiento de los 2 años de vigencia de la resolución actual.

Asimismo, dijo esperar que puedan vencerse los escollos que han impedido que los empleados se puedan beneficiar del aumento salarial que ayudaría a la reanimación de la economía con la inyección de los casi 58 mil millones que representa el aumento propuesto.

Vicens Bello planteó que todos los sectores entiendan, en las actuales circunstancias de crisis, la necesidad de preservar los empleos formales y eviten crear situaciones que contaminen el clima de negocios, por pretender desconocer disposiciones del marco legal vigente obligatorio para todos.

Las discusiones llevan más de dos años sin que ninguna de las partes se hayan puesto de acuerdo, lo que obliga a los empleados privados a enfrentar las alzas constantes en la canasta familiar con sueldos deprimidos, con los que deben hacer frente al encarecimiento de los servicios básicos.